El pasado martes 23 de junio fue aprobado en la Cámara de Representantes el proyecto 1649 relacionado con la concesión de permisos.
Entre los numerosos cambios que se le efectuarán a la Rama Ejecutiva se encuentra la derogación de los artículos 6 y 7 de la Ley 10 de 1987 y las secciones 2 y 3 de la Ley 112 de 1988, encargadas de regir la protección de nuestro patrimonio arqueológico a través de los Consejos de Arqueología.
Esto significa que en la práctica no existen leyes que protejan el patrimonio arqueológico en nuestro país.
A pesar de que se realizaron numerosas vistas públicas en las cuales participaron incontables organizaciones, colectivos, ciudadanos en su carácter individual, estos esfuerzos de la sociedad fueron un vano intento por traer un ápice de sensatez a esta ya oprobiosa legislatura.
En el texto final se incluyeron más de ciento cincuenta enmiendas, todas de carácter cosmético y que en nada cambiaron el espíritu profundamente antidemocrático de esta ley que pretende amordazar y maniatar a la sociedad en la protección de su patrimonio natural e histórico.
Este proyecto convertido en ley, utiliza datos tergiversados tomados del World Economic Forum, sobre cómo la supuesta baja competitividad de la isla es causada por procesos de permisos obsoletos de construcción que obstaculizan el desarrollo económico. Pretenden simplificar un problema sistémico del llamado “orden” económico mundial, que ha causado la quiebra de numerosos países y la bancarrota moral de todo un sistema, con un asunto de burocracia gubernamental.
Todos conocemos, sin embargo, la reputación de los organismos económicos internacionales, instrumentos de explotación de los pueblos y mecanismos para la dilapidación de los recursos naturales y sociales de los países en vías de desarrollo.
Pretende, además, esta ley culpar por el descalabro económico del país a la participación de los ciudadanos en procesos administrativos, judiciales y de desobediencia civil para detener proyectos que a todas luces son ilegales, si nos basamos en el ordenamiento jurídico vigente, el cual estos sectores acaudalados dicen defender y respetar.
Esta clase dominante, hegemonizada por la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales, no ha sido capaz de emprender un verdadero desarrollo económico, sino que se ha concentrado en aumentar sus riquezas por medio de los negocios con el Gobierno y los subsidios gubernamentales.
Para proveer evidencia de cómo se han afectado las inversiones en la construcción a causa de la participación de los ciudadanos y la burocracia gubernamental, esta ley cita un informe realizado por la Junta de Planificación en 2009, en el cual se detalla la existencia de más de 900 proyectos de construcción pendientes de aprobación. Lo que no nos dice la ley son las verdaderas razones de su atraso, entre ellas: documentación incompleta, agotamiento de las líneas de crédito privadas y públicas, retiros de casos por parte de los proponentes, casos que al no cumplir son denegados por ARPE, cambios posteriores en asuntos de zonificación, entre otros.
En ningún momento este informe señala que los retrasos se deban a disputas por asuntos medioambientales y mucho menos por problemas con yacimientos arqueológicos.
Para los arqueólogos del país resulta inconcebible que esta ley pretenda atribuirle todos los retrasos, penalidades y multas a los estudios arqueológicos requeridos por ley, cuando en innumerables ocasiones los documentos sometidos por los proponentes, especialmente las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y los planos de diseño de las estructuras, contienen errores y omisiones que retrasan los permisos.
Lo que resulta evidente, además de preocupante, tal y como menciona este informe, es que muchos de estos proyectos, de acuerdo a sus características y las áreas donde se pretenden edificar, no cumplen con los requisitos de zonificación para esas zonas.
Por eso toma varios años torcer brazos, doblegar voluntades y ejercer otras formas de corrupción solapadas para lograr finalmente la aprobación de los mismos.
Mucho más preocupante resulta atribuirle a nuestro patrimonio arqueológico la deshonrosa responsabilidad de la crisis económica del país, cuando todos sabemos que es causada por factores mucho más amplios y profundos. Ésta tiene un alcance mundial y ha sido provocada fundamentalmente por la avaricia de los monopolios para elevar sus ya mermadas tasas de ganancia a costa del bien común.
No cabe duda de que la eliminación de las leyes de protección de nuestro patrimonio arqueológico forma parte de una agenda ideológica que pretende desarraigarnos de nuestra identidad geográfica, histórica y cultural.
Con la reciente aprobación de esta ley, no sólo se abren las compuertas a la destrucción medioambiental y al patrimonio arqueológico, sino que continúa profundizandose de facto nuestro carácter de país incivilizado.
Todos los países verdaderamente desarrollados tienen muy en cuenta su patrimonio histórico, cultural y ambiental, y no lo ven como un estorbo, sino al contrario, como un activo de gran potencial económico y social. Éstos se preocupan, no sólo por desarrollarlo, sino también por protegerlo y hacerlo accesible al resto de sus habitantes. Este reconocimiento a su importancia es lo que les da el carácter desarrollado a estos países, independientemente de sus capacidades económicas, de producción o de consumo.
El verdadero desarrollo se da a través de la planificación y el uso responsable de los recursos naturales e históricos. Para que el mismo sea sustentable habrá que tener siempre en consideración todos los sectores sociales e incluirlos en la toma de decisiones y que sea cónsono con la realidad geográfica e histórica.
Nuestra responsabilidad mayor no es respetar el patrimonio colectivo para nuestro disfrute, sino también conservarlo para que las próximas generaciones tengan acceso y puedan disfrutarlo.
*El autor es Doctor en Antropología y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Autor: Jorge A. Rodríguez López*
Fuente: Claridad
Entre los numerosos cambios que se le efectuarán a la Rama Ejecutiva se encuentra la derogación de los artículos 6 y 7 de la Ley 10 de 1987 y las secciones 2 y 3 de la Ley 112 de 1988, encargadas de regir la protección de nuestro patrimonio arqueológico a través de los Consejos de Arqueología.
Esto significa que en la práctica no existen leyes que protejan el patrimonio arqueológico en nuestro país.
A pesar de que se realizaron numerosas vistas públicas en las cuales participaron incontables organizaciones, colectivos, ciudadanos en su carácter individual, estos esfuerzos de la sociedad fueron un vano intento por traer un ápice de sensatez a esta ya oprobiosa legislatura.
En el texto final se incluyeron más de ciento cincuenta enmiendas, todas de carácter cosmético y que en nada cambiaron el espíritu profundamente antidemocrático de esta ley que pretende amordazar y maniatar a la sociedad en la protección de su patrimonio natural e histórico.
Este proyecto convertido en ley, utiliza datos tergiversados tomados del World Economic Forum, sobre cómo la supuesta baja competitividad de la isla es causada por procesos de permisos obsoletos de construcción que obstaculizan el desarrollo económico. Pretenden simplificar un problema sistémico del llamado “orden” económico mundial, que ha causado la quiebra de numerosos países y la bancarrota moral de todo un sistema, con un asunto de burocracia gubernamental.
Todos conocemos, sin embargo, la reputación de los organismos económicos internacionales, instrumentos de explotación de los pueblos y mecanismos para la dilapidación de los recursos naturales y sociales de los países en vías de desarrollo.
Pretende, además, esta ley culpar por el descalabro económico del país a la participación de los ciudadanos en procesos administrativos, judiciales y de desobediencia civil para detener proyectos que a todas luces son ilegales, si nos basamos en el ordenamiento jurídico vigente, el cual estos sectores acaudalados dicen defender y respetar.
Esta clase dominante, hegemonizada por la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales, no ha sido capaz de emprender un verdadero desarrollo económico, sino que se ha concentrado en aumentar sus riquezas por medio de los negocios con el Gobierno y los subsidios gubernamentales.
Para proveer evidencia de cómo se han afectado las inversiones en la construcción a causa de la participación de los ciudadanos y la burocracia gubernamental, esta ley cita un informe realizado por la Junta de Planificación en 2009, en el cual se detalla la existencia de más de 900 proyectos de construcción pendientes de aprobación. Lo que no nos dice la ley son las verdaderas razones de su atraso, entre ellas: documentación incompleta, agotamiento de las líneas de crédito privadas y públicas, retiros de casos por parte de los proponentes, casos que al no cumplir son denegados por ARPE, cambios posteriores en asuntos de zonificación, entre otros.
En ningún momento este informe señala que los retrasos se deban a disputas por asuntos medioambientales y mucho menos por problemas con yacimientos arqueológicos.
Para los arqueólogos del país resulta inconcebible que esta ley pretenda atribuirle todos los retrasos, penalidades y multas a los estudios arqueológicos requeridos por ley, cuando en innumerables ocasiones los documentos sometidos por los proponentes, especialmente las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y los planos de diseño de las estructuras, contienen errores y omisiones que retrasan los permisos.
Lo que resulta evidente, además de preocupante, tal y como menciona este informe, es que muchos de estos proyectos, de acuerdo a sus características y las áreas donde se pretenden edificar, no cumplen con los requisitos de zonificación para esas zonas.
Por eso toma varios años torcer brazos, doblegar voluntades y ejercer otras formas de corrupción solapadas para lograr finalmente la aprobación de los mismos.
Mucho más preocupante resulta atribuirle a nuestro patrimonio arqueológico la deshonrosa responsabilidad de la crisis económica del país, cuando todos sabemos que es causada por factores mucho más amplios y profundos. Ésta tiene un alcance mundial y ha sido provocada fundamentalmente por la avaricia de los monopolios para elevar sus ya mermadas tasas de ganancia a costa del bien común.
No cabe duda de que la eliminación de las leyes de protección de nuestro patrimonio arqueológico forma parte de una agenda ideológica que pretende desarraigarnos de nuestra identidad geográfica, histórica y cultural.
Con la reciente aprobación de esta ley, no sólo se abren las compuertas a la destrucción medioambiental y al patrimonio arqueológico, sino que continúa profundizandose de facto nuestro carácter de país incivilizado.
Todos los países verdaderamente desarrollados tienen muy en cuenta su patrimonio histórico, cultural y ambiental, y no lo ven como un estorbo, sino al contrario, como un activo de gran potencial económico y social. Éstos se preocupan, no sólo por desarrollarlo, sino también por protegerlo y hacerlo accesible al resto de sus habitantes. Este reconocimiento a su importancia es lo que les da el carácter desarrollado a estos países, independientemente de sus capacidades económicas, de producción o de consumo.
El verdadero desarrollo se da a través de la planificación y el uso responsable de los recursos naturales e históricos. Para que el mismo sea sustentable habrá que tener siempre en consideración todos los sectores sociales e incluirlos en la toma de decisiones y que sea cónsono con la realidad geográfica e histórica.
Nuestra responsabilidad mayor no es respetar el patrimonio colectivo para nuestro disfrute, sino también conservarlo para que las próximas generaciones tengan acceso y puedan disfrutarlo.
*El autor es Doctor en Antropología y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Autor: Jorge A. Rodríguez López*
Fuente: Claridad
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