Casi finalizando el 2009, a mediados de diciembre, la Asociación de Constructores de Hogares (ACH) pidió públicamente que se enmendara el Código Penal (CP) para que se eliminen los artículos que tipifican y penalizan como delitos ambientales asuntos como la destrucción de pruebas, la certificación de listas falsas y la preparación y presentación de escritos falsos.
La reciente petición de la ACH fue hecha en una vista pública de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal. Ivar Pietri, miembro de la Junta de Directores de la ACH, se quejó de que las empresas de construcción tengan que responder de manera criminal por violaciones a los delitos ambientales. Llegó a acusar de que el Código fue preparado por “personas que son conocidas por su activismo en oposición a proyectos de desarrollos importantes”.
No es la primera vez que sectores de los desarrollistas hacen peticiones similares. En julio del 2008 los desarrollistas y connotados miembros de la industria como Federico Stubbe y Rafael Rojo también le pidieron públicamente al entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá que se convirtiera en un dictador para que fuese el único que pudiera dar permisos de construcción.
Como ya hemos visto, finalmente llegó a la gobernación alguien que hace mucho tiempo estaba de acuerdo con hacer cumplir esos deseos. La nueva ley de permisos, la eliminación de la reserva natural del Corredor Ecológico del Noreste (CEN), la eliminación del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña (FCMP), y la eliminación del Reglamento para la Zona del karso, entre otras agresiones contra nuestros recursos naturales por parte de la administración del gobernador Luis Fortuño durante su primer año de mandato, responden a esos intereses de inversores y desarrollistas.
“Los constructores no están pensando en el interés público, ni están siendo razonables, están pensando en el interés de sus miembros”, reaccionó el experto en Derecho Ambiental, licenciado Pedro Saadé Lloréns.
En entrevista con CLARIDAD, Saadé Lloréns apuntó que los delitos contra el ambiente en el Código Penal son cuatro artículos que van dirigidos a proteger el interés público de acciones como el incendio de bosques, estragos y delitos contra el colectivo. Desmintió el argumento de los desarrollistas de que no tuvieron participación en la formulación de los delitos ambientales, porque hubo vistas públicas para la redacción del nuevo CP aprobado en el 2004. “Se están montando en unas alegaciones de derecho que no son ciertas”.
En particular, el experto en Derecho Ambiental fue crítico en desenmascarar a la ACH respecto al argumento de que los delitos ambientales no tienen una tradición de una larga jurisprudencia. “En otras palabras, lo que están diciendo es que vienen de sectores europeos. Creo que no nos debemos limitar a de dónde provienen las buenas ideas. Donde se nota que lo que realmente buscan es no tener restricciones y maximizar ganancias a toda costa es en que no plantean de buena fe cuáles son las enmiendas que se buscan o pudieran hacerse, sino que lo que buscan es derogarlas totalmente. Entonces parece que han encontrado oídos receptivos en el partido de gobierno y con una prepotencia y arrogancia hacen ese reclamo, al igual que lo hacen otros sectores en términos de avances ambientales”.
Saadé Lloréns defendió el que los delitos ambientales son conceptos adelantados para la sociedad y representan una protección adicional para el interés público ya que en efecto puede haber instancias en que se incurra en un delito de esta naturaleza. Dio como ejemplo el reglamento del DRNA 4860, que tiene que ver con la definición de las zonas marítimo terrestres (ZMT), que a raíz de la decisión del Tribunal Supremo del caso Blas Buono Correa, se corre el riesgo de que se impulse su derogación.
Ante las amenazas del desmantelamiento de las normas jurídicas que tienen que ver con la protección de nuestros recursos naturales, insistió en que hay que depender de la movilización y resistencia ciudadana. “La historiademuestra que hay algunos de estos desmantelamientos en el sistema jurídico que los Populares, cuando regresan al poder, tampoco las cambian”.
La posibilidad de que el actual gobierno responda a las peticiones de cambios sobre los delitos ambientales no está lejos. Hay que recordar que Fortuño, mientras era comisionado residente, se opuso a su inclusión y también declaró que si una agencia de gobierno no emitía un permiso en 30 días se debía entender que el permiso quedaba concedido de manera automática. Igualmente, favoreció el proyecto de Costa Serena y se opuso a la designación del Corredor Ecológico del Noreste.
Esas posturas de Fortuño fueron advertidas en octubre del 2008, un mes antes de las elecciones, por un amplio frente de organizaciones de la sociedad civil, que incluía ambientalistas, comunitarias, profesionales del Derecho y expertos en Ciencias Ambientales.
La reciente petición de la ACH fue hecha en una vista pública de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal. Ivar Pietri, miembro de la Junta de Directores de la ACH, se quejó de que las empresas de construcción tengan que responder de manera criminal por violaciones a los delitos ambientales. Llegó a acusar de que el Código fue preparado por “personas que son conocidas por su activismo en oposición a proyectos de desarrollos importantes”.
No es la primera vez que sectores de los desarrollistas hacen peticiones similares. En julio del 2008 los desarrollistas y connotados miembros de la industria como Federico Stubbe y Rafael Rojo también le pidieron públicamente al entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá que se convirtiera en un dictador para que fuese el único que pudiera dar permisos de construcción.
Como ya hemos visto, finalmente llegó a la gobernación alguien que hace mucho tiempo estaba de acuerdo con hacer cumplir esos deseos. La nueva ley de permisos, la eliminación de la reserva natural del Corredor Ecológico del Noreste (CEN), la eliminación del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña (FCMP), y la eliminación del Reglamento para la Zona del karso, entre otras agresiones contra nuestros recursos naturales por parte de la administración del gobernador Luis Fortuño durante su primer año de mandato, responden a esos intereses de inversores y desarrollistas.
“Los constructores no están pensando en el interés público, ni están siendo razonables, están pensando en el interés de sus miembros”, reaccionó el experto en Derecho Ambiental, licenciado Pedro Saadé Lloréns.
En entrevista con CLARIDAD, Saadé Lloréns apuntó que los delitos contra el ambiente en el Código Penal son cuatro artículos que van dirigidos a proteger el interés público de acciones como el incendio de bosques, estragos y delitos contra el colectivo. Desmintió el argumento de los desarrollistas de que no tuvieron participación en la formulación de los delitos ambientales, porque hubo vistas públicas para la redacción del nuevo CP aprobado en el 2004. “Se están montando en unas alegaciones de derecho que no son ciertas”.
En particular, el experto en Derecho Ambiental fue crítico en desenmascarar a la ACH respecto al argumento de que los delitos ambientales no tienen una tradición de una larga jurisprudencia. “En otras palabras, lo que están diciendo es que vienen de sectores europeos. Creo que no nos debemos limitar a de dónde provienen las buenas ideas. Donde se nota que lo que realmente buscan es no tener restricciones y maximizar ganancias a toda costa es en que no plantean de buena fe cuáles son las enmiendas que se buscan o pudieran hacerse, sino que lo que buscan es derogarlas totalmente. Entonces parece que han encontrado oídos receptivos en el partido de gobierno y con una prepotencia y arrogancia hacen ese reclamo, al igual que lo hacen otros sectores en términos de avances ambientales”.
Saadé Lloréns defendió el que los delitos ambientales son conceptos adelantados para la sociedad y representan una protección adicional para el interés público ya que en efecto puede haber instancias en que se incurra en un delito de esta naturaleza. Dio como ejemplo el reglamento del DRNA 4860, que tiene que ver con la definición de las zonas marítimo terrestres (ZMT), que a raíz de la decisión del Tribunal Supremo del caso Blas Buono Correa, se corre el riesgo de que se impulse su derogación.
Ante las amenazas del desmantelamiento de las normas jurídicas que tienen que ver con la protección de nuestros recursos naturales, insistió en que hay que depender de la movilización y resistencia ciudadana. “La historiademuestra que hay algunos de estos desmantelamientos en el sistema jurídico que los Populares, cuando regresan al poder, tampoco las cambian”.
La posibilidad de que el actual gobierno responda a las peticiones de cambios sobre los delitos ambientales no está lejos. Hay que recordar que Fortuño, mientras era comisionado residente, se opuso a su inclusión y también declaró que si una agencia de gobierno no emitía un permiso en 30 días se debía entender que el permiso quedaba concedido de manera automática. Igualmente, favoreció el proyecto de Costa Serena y se opuso a la designación del Corredor Ecológico del Noreste.
Esas posturas de Fortuño fueron advertidas en octubre del 2008, un mes antes de las elecciones, por un amplio frente de organizaciones de la sociedad civil, que incluía ambientalistas, comunitarias, profesionales del Derecho y expertos en Ciencias Ambientales.
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