El anuncio se hizo realidad. Mediante un comunicado con fecha del 29 de mayo de 2009, la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal, JREF, informó al país la entrega de cartas de despidos a 16,790 trabajadores y trabajadoras. En el comunicado de tres páginas, entregado en la conferencia de prensa celebrada el viernes 25 de septiembre de 2009 se intenta minimizar el impacto de los despidos planteando que son menos de los 30,000 anunciado inicialmente. También se argumenta que si no se tomaba tal decisión el gobierno perdería su crédito, no pagaría a sus suplidores y se perderían 130,000 empleos.
Todos los argumentos están cargados de claros argumentos ideológicos y clasistas. Se argumenta que si esta medida no se hacía “perderíamos en parte el valor de nuestras casas y nuestras inversiones, incluyendo nuestras cuentas de retiro individual o IRAs”
En otras declaraciones se cita al Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García, justificando el eliminar 40 agencias de un total de 134 agencias ya que él no ha visto una persona que necesite 134 ayudas.
Luego de un proceso en el cual se tuvo por más de un mes promoviendo rumores de que los despidos llegaban o no, el gobierno y los medios de comunicación levantan historias que en esencia tratan de justificar la acción tomada y destacando la afirmación del gobernador de que “lo peor ya pasó”. Sin embargo, lo peor esta por venir.
No son 16,790 despidos de trabajadores y trabajadoras. Sume a estos los cerca de 10,000 trabajadores y trabajadoras que “renunciaron voluntariamente” o que fueron despedidos en la primera ronda de despidos el mes de mayo de 2009. Continué sumando los cientos de empleados despedidos en las corporaciones públicas que no les aplica la Ley 7 (Autoridad de Carreteras, WIPR, Autoridad de Energía Eléctrica, AAA y Edificios Públicos). Ahora consideremos que de cada trabajador o trabajadora despedida dependen tres o cuatro personas para su sustento. Consideremos una proyección conservadora que dice que por cada despido en el gobierno se perderá uno en la empresa privada.
Estamos hablando de cerca de 60,000 familias afectadas entre las cuales pueden proyectarse más de 180,000 vidas. Cuando estas familias no puedan aportar a la economía del país la pregunta obligada es cómo nos beneficia a todos los despidos.
Y es por ello que los despidos son ideológicos. Para Fortuño y la clase social que él representa, los empleados públicos están demás así como las agencias gubernamentales que para esta clase social no tienen razón de ser.
Tomemos dos ejemplos de agencias que han sido desmanteladas o paralizadas por el impacto de los despidos. Es importante que no creamos que donde más despidos ha habido el impacto es mayor. La realidad se tiene que medir en el porcentaje del despido. En agencias pequeñas, los despidos hacen inoperante a esta. Tal es el caso de la Oficina de Comunidades Especiales donde se anuncian 132 empleados despedidos de un total de 148 empleados. El resultado es dejar sin servicios de capacitación, organización y desarrollo comunitario a 700 comunidades pobres en Puerto Rico.
El caso del Instituto de Cultura Puertorriqueña es tan grave como el anterior. De una unidad apropiada de 300 empleados se despiden a 135. Los Museos y Parques administrados por el ICP, entre los que se encuentran Porta Coeli en San Germán, Caguana en Utuado, el Museo de la Masacre en Ponce, Fortín Conde de Mirasol en Vieques, Ruinas de Caparra y otros se quedan sin empleados para operar y mantener los valiosos tesoros culturales que allí existen. Las colecciones de pinturas de nuestros más conocidos pintores y artistas estarán sin supervisión y control. La Galería Nacional ha sido cerrada. Nuestra cultura no importa. La razón de ser del Instituto de Cultura Puertorriqueña es atacada como nunca antes a nombre de la Ley 7.
Los pobres y el quehacer cultural son dos de los objetivos a perseguir por los administradores blanquitos de la reestructuración y estabilización del país. Preparémonos TODOS y TODAS para lo que viene. Luchemos para lograr defender nuestros empleos, para transformar el país con un gobierno que sirva los intereses del Pueblo, para que exista bienestar para los trabajadores y trabajadoras que somos la mayoría.
Autor: Luis Pedraza Leduc
Fuente: SolidaridadPR
Todos los argumentos están cargados de claros argumentos ideológicos y clasistas. Se argumenta que si esta medida no se hacía “perderíamos en parte el valor de nuestras casas y nuestras inversiones, incluyendo nuestras cuentas de retiro individual o IRAs”
En otras declaraciones se cita al Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García, justificando el eliminar 40 agencias de un total de 134 agencias ya que él no ha visto una persona que necesite 134 ayudas.
Luego de un proceso en el cual se tuvo por más de un mes promoviendo rumores de que los despidos llegaban o no, el gobierno y los medios de comunicación levantan historias que en esencia tratan de justificar la acción tomada y destacando la afirmación del gobernador de que “lo peor ya pasó”. Sin embargo, lo peor esta por venir.
No son 16,790 despidos de trabajadores y trabajadoras. Sume a estos los cerca de 10,000 trabajadores y trabajadoras que “renunciaron voluntariamente” o que fueron despedidos en la primera ronda de despidos el mes de mayo de 2009. Continué sumando los cientos de empleados despedidos en las corporaciones públicas que no les aplica la Ley 7 (Autoridad de Carreteras, WIPR, Autoridad de Energía Eléctrica, AAA y Edificios Públicos). Ahora consideremos que de cada trabajador o trabajadora despedida dependen tres o cuatro personas para su sustento. Consideremos una proyección conservadora que dice que por cada despido en el gobierno se perderá uno en la empresa privada.
Estamos hablando de cerca de 60,000 familias afectadas entre las cuales pueden proyectarse más de 180,000 vidas. Cuando estas familias no puedan aportar a la economía del país la pregunta obligada es cómo nos beneficia a todos los despidos.
Y es por ello que los despidos son ideológicos. Para Fortuño y la clase social que él representa, los empleados públicos están demás así como las agencias gubernamentales que para esta clase social no tienen razón de ser.
Tomemos dos ejemplos de agencias que han sido desmanteladas o paralizadas por el impacto de los despidos. Es importante que no creamos que donde más despidos ha habido el impacto es mayor. La realidad se tiene que medir en el porcentaje del despido. En agencias pequeñas, los despidos hacen inoperante a esta. Tal es el caso de la Oficina de Comunidades Especiales donde se anuncian 132 empleados despedidos de un total de 148 empleados. El resultado es dejar sin servicios de capacitación, organización y desarrollo comunitario a 700 comunidades pobres en Puerto Rico.
El caso del Instituto de Cultura Puertorriqueña es tan grave como el anterior. De una unidad apropiada de 300 empleados se despiden a 135. Los Museos y Parques administrados por el ICP, entre los que se encuentran Porta Coeli en San Germán, Caguana en Utuado, el Museo de la Masacre en Ponce, Fortín Conde de Mirasol en Vieques, Ruinas de Caparra y otros se quedan sin empleados para operar y mantener los valiosos tesoros culturales que allí existen. Las colecciones de pinturas de nuestros más conocidos pintores y artistas estarán sin supervisión y control. La Galería Nacional ha sido cerrada. Nuestra cultura no importa. La razón de ser del Instituto de Cultura Puertorriqueña es atacada como nunca antes a nombre de la Ley 7.
Los pobres y el quehacer cultural son dos de los objetivos a perseguir por los administradores blanquitos de la reestructuración y estabilización del país. Preparémonos TODOS y TODAS para lo que viene. Luchemos para lograr defender nuestros empleos, para transformar el país con un gobierno que sirva los intereses del Pueblo, para que exista bienestar para los trabajadores y trabajadoras que somos la mayoría.
Autor: Luis Pedraza Leduc
Fuente: SolidaridadPR
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