Los desarrolladores están ávidos de apoderamiento. Quieren apoderarse de los mejores espacios con el fin de edificar indiscriminadamente complejos residenciales, comerciales y vacacionales. Y han encontrado en el gobernador Luis Fortuño a su mejor aliado.
La propuesta ley del Ejecutivo para acelerar el proceso de permisos con la excusa de mejorar la economía, en efecto se traduce en un intento del gobernador por hacerle el camino fácil a sus amigos y colaboradores, coartando el derecho de los ciudadanos a participar en los procesos que le permiten aportar a mejorar la calidad de vida en nuestro País.
La Ley de Restructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos, presentada para aprobación en la Rama Legislativa por el habitante de La Fortaleza, propone un proceso rápido que enfoca en agilizar el tiempo en que se otorgan los permisos, sin tomar en consideración sus implicaciones sociales, económicas y ambientales. El proyecto de ley pretende proteger los derechos de los proponentes de proyectos y limitar la participación ciudadana.
En un claro desprecio por la opinión pública genuina -la de aquellos que luchan voluntaria y desinteresadamente por hacer de este un mejor Paísel proyecto impone estrictos límites a su participación en el desarrollo organizado, inteligente y sustentable de la Isla, que es de todos nosotros.
La imposición de una fianza –que evidentemente sería millonaria- por el valor de los proyectos de construcción que fueran apelados, es una burla al movimiento ambientalista y comunitario, cuyo único interés siempre ha sido proteger a la Isla del descalabro desarrollista, para que muchos años después no haya lamentos sin remedio.
La preocupación del liderato de la sociedad civil y comunitaria no es sólo por las limitaciones que impone la propuesta ley para poder intervenir en los procesos de permisos, sino también por el requerimiento de que las impugnaciones se realicen ante una entidad administrativa, no judicial como ha sido hasta ahora.
La creación de una Junta Apelativa de Permisos, de facto le resta poderes a la Rama Judicial, desplazando a los tribunales y anulando el derecho que tenemos los constituyentes a la intervención de la judicatura ante acciones que irremediablemente impactarían la vida colectiva de las presentes y futuras generaciones.
Ante la ausencia de un Plan de Uso de Terrenos (PUT), clave para el desarrollo sustentable de cualquier país del mundo, es necesario que no se coarte el derecho de la población a objetar ciertos desarrollos. Hace falta gente fuera del gobierno que le diga al gobernante hacia dónde nos debemos dirigir y qué es lo que queremos alcanzar en términos sociales, económicos y ambientales.
El análisis del proyecto sobre la nueva ley de permisos está ahora en la cancha de Cámara y Senado. Esperamos, para beneficio electoral de esos legisladores - y detrimento de la ya gastada imagen del gobernador Fortuño - que se escudriñe bien ese proyecto y le realicen enmiendassustanciales vindicadoras de las necesarias luchas ambientales.
Nadie niega que se debe mejorar, agilizar y modernizar el proceso de evaluación y otorgamiento de permisos en Puerto Rico, pero este proyecto de ley está totalmente desconectado de lo que debería ser la planificación integral e inteligente de la Isla.
Por eso, es deber de todos proteger el patrimonio natural y edificado de cada rincón del archipiélago boricua, pues también sabemos de alcaldes que no pestañean a la hora de entregarlo a los desarrolladores.
La proyectada Ley de Permisos sería un retroceso a las gloriosas luchas del Puerto Rico moderno, que también ha sabido desenterrar efectivamente su pasado gracias a estatutos como la Ley #112, la cual protege el patrimonio arqueológico terrestre desde 1988. Esa ley hapermitido la eficaz intervención en diversos proyectos de desarrollo por los pasados 20 años.
La aprobación de esta nueva Ley de Permisos implicaría la cancelación de las leyes 110 y 112, que protegen el patrimonio arqueológico subacuático y terrestre respectivamente. Esto representaría un golpe mortal a nuestro patrimonio, ya que muchos recursos arqueológicos quedarán sin protección.
En estos tiempos, cuando el turismo mundial se inclina hacia los recursos naturales y culturales que pueda tener cada país, nuestra Isla podría estar rezagándose aún más. Lamentablemente, los que proponen la nueva Ley de Permisos parecen desconocer nuestra riqueza histórica y la importancia que reviste.
Los proyectos de desarrollo son importantes, pero la cultura, la arquitectura y la arqueología no lo son menos. Además, ninguno de esos renglones es responsable de los atrasos en permisos.
Fuente: http://www.periodicolaestrella.com/editorial.asp
La propuesta ley del Ejecutivo para acelerar el proceso de permisos con la excusa de mejorar la economía, en efecto se traduce en un intento del gobernador por hacerle el camino fácil a sus amigos y colaboradores, coartando el derecho de los ciudadanos a participar en los procesos que le permiten aportar a mejorar la calidad de vida en nuestro País.
La Ley de Restructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos, presentada para aprobación en la Rama Legislativa por el habitante de La Fortaleza, propone un proceso rápido que enfoca en agilizar el tiempo en que se otorgan los permisos, sin tomar en consideración sus implicaciones sociales, económicas y ambientales. El proyecto de ley pretende proteger los derechos de los proponentes de proyectos y limitar la participación ciudadana.
En un claro desprecio por la opinión pública genuina -la de aquellos que luchan voluntaria y desinteresadamente por hacer de este un mejor Paísel proyecto impone estrictos límites a su participación en el desarrollo organizado, inteligente y sustentable de la Isla, que es de todos nosotros.
La imposición de una fianza –que evidentemente sería millonaria- por el valor de los proyectos de construcción que fueran apelados, es una burla al movimiento ambientalista y comunitario, cuyo único interés siempre ha sido proteger a la Isla del descalabro desarrollista, para que muchos años después no haya lamentos sin remedio.
La preocupación del liderato de la sociedad civil y comunitaria no es sólo por las limitaciones que impone la propuesta ley para poder intervenir en los procesos de permisos, sino también por el requerimiento de que las impugnaciones se realicen ante una entidad administrativa, no judicial como ha sido hasta ahora.
La creación de una Junta Apelativa de Permisos, de facto le resta poderes a la Rama Judicial, desplazando a los tribunales y anulando el derecho que tenemos los constituyentes a la intervención de la judicatura ante acciones que irremediablemente impactarían la vida colectiva de las presentes y futuras generaciones.
Ante la ausencia de un Plan de Uso de Terrenos (PUT), clave para el desarrollo sustentable de cualquier país del mundo, es necesario que no se coarte el derecho de la población a objetar ciertos desarrollos. Hace falta gente fuera del gobierno que le diga al gobernante hacia dónde nos debemos dirigir y qué es lo que queremos alcanzar en términos sociales, económicos y ambientales.
El análisis del proyecto sobre la nueva ley de permisos está ahora en la cancha de Cámara y Senado. Esperamos, para beneficio electoral de esos legisladores - y detrimento de la ya gastada imagen del gobernador Fortuño - que se escudriñe bien ese proyecto y le realicen enmiendassustanciales vindicadoras de las necesarias luchas ambientales.
Nadie niega que se debe mejorar, agilizar y modernizar el proceso de evaluación y otorgamiento de permisos en Puerto Rico, pero este proyecto de ley está totalmente desconectado de lo que debería ser la planificación integral e inteligente de la Isla.
Por eso, es deber de todos proteger el patrimonio natural y edificado de cada rincón del archipiélago boricua, pues también sabemos de alcaldes que no pestañean a la hora de entregarlo a los desarrolladores.
La proyectada Ley de Permisos sería un retroceso a las gloriosas luchas del Puerto Rico moderno, que también ha sabido desenterrar efectivamente su pasado gracias a estatutos como la Ley #112, la cual protege el patrimonio arqueológico terrestre desde 1988. Esa ley hapermitido la eficaz intervención en diversos proyectos de desarrollo por los pasados 20 años.
La aprobación de esta nueva Ley de Permisos implicaría la cancelación de las leyes 110 y 112, que protegen el patrimonio arqueológico subacuático y terrestre respectivamente. Esto representaría un golpe mortal a nuestro patrimonio, ya que muchos recursos arqueológicos quedarán sin protección.
En estos tiempos, cuando el turismo mundial se inclina hacia los recursos naturales y culturales que pueda tener cada país, nuestra Isla podría estar rezagándose aún más. Lamentablemente, los que proponen la nueva Ley de Permisos parecen desconocer nuestra riqueza histórica y la importancia que reviste.
Los proyectos de desarrollo son importantes, pero la cultura, la arquitectura y la arqueología no lo son menos. Además, ninguno de esos renglones es responsable de los atrasos en permisos.
Fuente: http://www.periodicolaestrella.com/editorial.asp
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