viernes, 29 de mayo de 2009

Agilidad en permisos a cualquier costo

Los desarrolladores están ávidos de apoderamiento. Quieren apoderarse de los mejores espacios con el fin de edificar indiscriminadamente complejos residenciales, comerciales y vacacionales. Y han encontrado en el gobernador Luis Fortuño a su mejor aliado.

La propuesta ley del Ejecutivo para acelerar el proceso de permisos con la excusa de mejorar la economía, en efecto se traduce en un intento del gobernador por hacerle el camino fácil a sus amigos y colaboradores, coartando el derecho de los ciudadanos a participar en los procesos que le permiten aportar a mejorar la calidad de vida en nuestro País.

La Ley de Restructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos, presentada para aprobación en la Rama Legislativa por el habitante de La Fortaleza, propone un proceso rápido que enfoca en agilizar el tiempo en que se otorgan los permisos, sin tomar en consideración sus implicaciones sociales, económicas y ambientales. El proyecto de ley pretende proteger los derechos de los proponentes de proyectos y limitar la participación ciudadana.

En un claro desprecio por la opinión pública genuina -la de aquellos que luchan voluntaria y desinteresadamente por hacer de este un mejor Paísel proyecto impone estrictos límites a su participación en el desarrollo organizado, inteligente y sustentable de la Isla, que es de todos nosotros.

La imposición de una fianza –que evidentemente sería millonaria- por el valor de los proyectos de construcción que fueran apelados, es una burla al movimiento ambientalista y comunitario, cuyo único interés siempre ha sido proteger a la Isla del descalabro desarrollista, para que muchos años después no haya lamentos sin remedio.

La preocupación del liderato de la sociedad civil y comunitaria no es sólo por las limitaciones que impone la propuesta ley para poder intervenir en los procesos de permisos, sino también por el requerimiento de que las impugnaciones se realicen ante una entidad administrativa, no judicial como ha sido hasta ahora.

La creación de una Junta Apelativa de Permisos, de facto le resta poderes a la Rama Judicial, desplazando a los tribunales y anulando el derecho que tenemos los constituyentes a la intervención de la judicatura ante acciones que irremediablemente impactarían la vida colectiva de las presentes y futuras generaciones.

Ante la ausencia de un Plan de Uso de Terrenos (PUT), clave para el desarrollo sustentable de cualquier país del mundo, es necesario que no se coarte el derecho de la población a objetar ciertos desarrollos. Hace falta gente fuera del gobierno que le diga al gobernante hacia dónde nos debemos dirigir y qué es lo que queremos alcanzar en términos sociales, económicos y ambientales.

El análisis del proyecto sobre la nueva ley de permisos está ahora en la cancha de Cámara y Senado. Esperamos, para beneficio electoral de esos legisladores - y detrimento de la ya gastada imagen del gobernador Fortuño - que se escudriñe bien ese proyecto y le realicen enmiendassustanciales vindicadoras de las necesarias luchas ambientales.

Nadie niega que se debe mejorar, agilizar y modernizar el proceso de evaluación y otorgamiento de permisos en Puerto Rico, pero este proyecto de ley está totalmente desconectado de lo que debería ser la planificación integral e inteligente de la Isla.

Por eso, es deber de todos proteger el patrimonio natural y edificado de cada rincón del archipiélago boricua, pues también sabemos de alcaldes que no pestañean a la hora de entregarlo a los desarrolladores.

La proyectada Ley de Permisos sería un retroceso a las gloriosas luchas del Puerto Rico moderno, que también ha sabido desenterrar efectivamente su pasado gracias a estatutos como la Ley #112, la cual protege el patrimonio arqueológico terrestre desde 1988. Esa ley hapermitido la eficaz intervención en diversos proyectos de desarrollo por los pasados 20 años.

La aprobación de esta nueva Ley de Permisos implicaría la cancelación de las leyes 110 y 112, que protegen el patrimonio arqueológico subacuático y terrestre respectivamente. Esto representaría un golpe mortal a nuestro patrimonio, ya que muchos recursos arqueológicos quedarán sin protección.

En estos tiempos, cuando el turismo mundial se inclina hacia los recursos naturales y culturales que pueda tener cada país, nuestra Isla podría estar rezagándose aún más. Lamentablemente, los que proponen la nueva Ley de Permisos parecen desconocer nuestra riqueza histórica y la importancia que reviste.

Los proyectos de desarrollo son importantes, pero la cultura, la arquitectura y la arqueología no lo son menos. Además, ninguno de esos renglones es responsable de los atrasos en permisos.

Fuente: http://www.periodicolaestrella.com/editorial.asp

martes, 26 de mayo de 2009

Taino ha sido encargado en inaugurar el "JazzFest 2009"


Boriken (CUPT Noticias Tainas) - Artista Taino Pablito "Haguey" Rosario y su orquesta "Orinoco" ha sido encargado en inaugurar el "JazzFest 2009" en Boriken (Puerto Rico) en el Anfiteatro Tito Puente el 28 de Mayo.

Durante su maravillosa carrera artistica, Rosario ha tocado con celebridades como Mongo Santermania, David Bowie, Chico O'Farril, Tito Puente, Ruben Blades, Ismael Miranda, La Orquesta Sinfonica de Puerto Rico, Larry Harlow, y muchos otros musicos destacados.

"Haguey" le dedica esta siguiente produccion a su padre, Pablo Rosario Sr, quien ha sido recientemente dignosticado con Alzheimers para hacer un llamado de atencion devido a esta emfermedad debilitante.

Foto: Pablito Haguey Rosario demuestra el Guahei mediante una presentacion con la Sociedad Cultural Taino - Cacibajagua. (UCTP Foto)

CUPTNT 26.05.2009

jueves, 21 de mayo de 2009

Areito Jara Guatukan del Caney de Orocovis: Ponencia Preliminar sobre Medida PC 1649

Areito Jara Guatukan del Caney de Orocovis
HC-01 Bx. 5761
Ciales, Boriken (Puerto Rico) 00638
Tel: 787-847-5039
CE: caney@prtc.net

20 de Mayo del 2009

VIA E-MAIL


A: Honorable Representante Manuel Navedo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación, Comercio, Industria y Telecom y los Honorables Miembros de dicha Comisión. mnavedo@camaraderepresentantes.org

Asunto: Ponencia Preliminar sobre Medida PC 1649 - “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos”

Solicitamos respetuosamente a la Honorable Comisión que se incluya esta Ponencia como parte íntegra de las vistas públicas y que la misma sea considerada en la toma de decisiones legislativas como parte de las vistas públicas. Entendemos que las mismas impactaran la protección de nuestra Madre Tierra (ambiente) y los recursos naturales que son el sostén de la vida del pueblo, y la protección del Legado ancestral que es parte de la cultura, la tradición, la identidad y la esencia de la vida del Boricua.

Sabemos que el propósito fundamental y medular de vistas públicas es proveer precisamente al público la oportunidad de no solo opinar sino tener una participación plena y activa en dicho proceso.

Tenemos que preguntar ¿porque la Legislatura pretende aprobar rápidamente un Proyecto de Ley que apenas fue radicada hace 7 días? y ¿porque están celebrando vistas publicas cuando el público no ha tenido el tiempo adecuado para analizar con detenimiento el contenido de dicho proyecto?

Esto nos lleva también a preguntarnos ¿Qué intereses están envueltos realmente? Cuando temas de suma importancia para el pueblo son tratados de forma ligera y superficialmente.

Por lo tanto, repudiamos esta peligrosa propuesta gubernamental que intenta contra los derechos básicos humanos, colectivos, constitucionales, y va en contra de La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, poniendo en peligro nuestra Madre Tierra, medio ambiente y los recursos naturales, amenazando la destrucción de nuestro Legado Indígena Ancestral.

Dicho Proyecto de Ley pretende reestructurar, unificar y agilizar el proceso de permisos como solución a la situación económica del país. El sentido común dicta que la construcción de edificios, urbanizaciones e infraestructura no son indicios de un plan de desarrollo económico para ningún país. De hecho, el enfoque sobre la construcción no es una que provee trabajos permanentes sino trabajos temporales que a largo plazo tampoco es viable para el país y no podrá “facilitar y propiciar el desarrollo integral, económico, social y físico sostenible de Puerto Rico que resultará en más mejoras y diversas industrias y en la creación de empleos en el sector privado” (“Metas/Objetivos de esta Ley,” pagina 8, párrafo 1).

Uno de los fundamentos utilizado como evidencia irrefutable del problema que pretende resolver este proyecto son las estadísticas utilizadas que demuestran demoras en la obtención de los permisos requeridos para la construcción. Cuando se analizan las mismas, son engañosas porque incluyen las fases de permisos desde la etapa de consulta de ubicación hasta el de permiso de uso bajo el sistema actual. Por ejemplo, según su tabla, un proyecto turístico puede tardar un promedio de 7.8 años pero esta estadística no dice cuantos de los 7.8 años se tardó la construcción de dicho proyecto. Por ende, no podemos determinar cuánto tiempo real se tomó en obtener los permisos requeridos.

También cuestionamos la veracidad de los expertos citados en dicho Proyecto de Ley que “coinciden en que quien más se afecta por estos tipos de sistemas son las pequeñas y medianas empresas quienes son las que dependen de procesos sencillos, eficientes y ágiles para poder establecerse y progresar.” Han sido precisamente los mega-proyectos de los mall, los súper-centros de servicio de automóviles, las mega-tiendas y proyectos turísticos quienes han desplazado muchas pequeñas y medianas empresas locales de generaciones de familia ya establecidas. A nuestro mejor entender, no ha sido la falta de procesos sencillos, eficientes y ágiles que han afectado muchas de la pequeñas y medianas empresas para poder establecerse y progresar.

Esto nos lleva hacer otra pregunta. Preguntamos ¿Cómo esta Propuesta de Ley propone agilizar el proceso de evaluar y otorgar permisos cuando la “Descripción de la Nueva Estructura” de dicha Ley crea una Oficina de Gerencia con tanto personal, equipos, materiales y otros gastos para poder cumplir con sus funciones y el requisito de pre-radicación para todos los proyectos en Puerto Rico?

Aunque el sistema burocrático actual es lento, complejo y costoso, ha sido y es necesario contar con la inherencia del pueblo en la creación de nuevos Proyectos de Ley. La creación de nuevas estructuras burocráticas según dicha Ley, tampoco permite la participación del pueblo en el proceso de evaluar los proyectos propuestos dejando el pueblo sin voz en estos asuntos.

Nos parece que este Proyecto de Ley no atiende ni resuelve la grave situación económica existente y trata de manera superficial los derechos básicos humanos, colectivos y constitucionales del pueblo, su legado ancestral, la Madre Tierra, ambiente y recursos naturales que es el sostén de la vida de nuestro pueblo y la cultura, tradiciones, identidad y esencia de vida de un pueblo. No se puede jugar ni tratar de manera superficial ni ligero los derechos fundamentales del Pueblo.

Solicitamos que la Cámara recuerde que la Constitución de este Pueblo garantiza el derecho a disfrutar de la propiedad, la cual incluye el disfrute pleno de su Legado ancestral que bajo este Proyecto de Ley con el enfoque de proyecto de construcción, ha sido precisamente lo que ha causado la pérdida irreparable e irreversible a nuestra, Madre Tierra, (ambiente) y los recursos naturales que son el sostén de la vida del pueblo, y el Legado Ancestral que es parte de la cultura, tradición, identidad y la esencia de la vida del Boricua y a privado el pueblo del pleno disfrute del mismo. Evidencia de lo antes mencionado se encentra en las experiencias de Vieques, Culebra, Caguas, Arecibo, Jácanas, Ponce, entre otros. Lo que se debe incluir en cualquier enmienda o reestructuración de permisos es la protección rigurosa de este legado que ya se ha impactado irreversiblemente, irreparablemente y sin esperanza de su restauración...

Todo desarrollo de ley o enmienda debe tomar en consideración que las mismas no pongan en peligro la salud y el bienestar del Pueblo bajo el pretexto de lograr “…el mayor desarrollo y provecho de los recursos naturales para el beneficio general de la comunidad. Esta condición claramente exige un balance flexible de ambos principios constitucionales toda vez que quedan razonablemente equilibrados la obligación del Estado a conservar nuestros recursos naturales con el derecho fundamental al disfrute de la propiedad.” (Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo VI, Sección 19).

Por lo tanto, no se puede interpretar las disposiciones de esta ley como una a favor “…del derecho al pleno disfrute de la propiedad como derecho fundamental y amplio” (Constitución de los Estados Unidos de América, Enmiendas Quinta y Decimocuarta; Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo II, Sección 7) cuando pretende flexibilizar, o sea disminuir, dicho derecho de propiedad, protección de nuestra Madre Tierra (ambiente) y la protección de nuestros recursos naturales.

Un proyecto de tan gran envergadura que trastoca tantas protecciones, derechos, leyes, reglamentos y agencias no se debe aprobar ni se puede dejar a los “…vaivenes de los gobiernos de turnos…” (Comunicado de Prensa de la Coalición Puertorriqueña de Arqueología Dr. Jaime R. Pagan Jiménez), sino, requiere un estudio profundo y un análisis detenido de su impacto sobre los derechos básicos humanos, colectivos y constitucionales del pueblo, su derecho de consulta, la protección de la Madre Tierra, (ambiente y recursos naturales) que nos sostiene, y nuestra cultura, tradición, identidad, esencia que le da vida al pueblo y nuestro legado Ancestral.

Estamos en la mejor disposición de presentar esta ponencia antes la honorable Comisión de Desarrollo Económico y Planificación, Comercio, Industria y Telecom.

Bo Matum (Gracias).

Naniki Reyes Ocasio,
Arieto Jara Guatukan del Caney de Orocovis
caney@prtc.net
(787) 847-5039

Joanna Soto-Avilés,
Miembro de la Comunidad Indígena Taíno de Coamo
jsaviles1@gmail.com
(787) 325-2777

miércoles, 20 de mayo de 2009

Ponencia CUPT Boriken: Ley para la re-estructuración y unificación del proceso de evaluación y otorgamiento de permisos

En Peligro Nuestra Herencia Patrimonial Indígena y Nuestros Lugares Sagrados.

Ley para la re-estructuración y unificación del proceso de evaluación y otorgamiento de permisos (Proyecto de la Cámara 1649- 12 de mayo, 2009).

La Ley en referencia deroga los artículos 6 y 7 de la ley # 10 de 7 de agosto, 1987.

Estos dos artículos crean el Consejo de Arquelogía Marítima.

Además la misma ley también deroga las secciones 2 y 3 de la Ley # 112 del 20 de Julio de 1988. (Ley de Protección del Patrimonio Arquelógico Terrestre de P.R.) una de estas crea el Consejo de Arqueología Terrestre y la otra establece su composición.

Esta nueva ley establece que las facultades, deberes y obligaciones que la ley 112 imponía al Consejo de Arqueología Terrestre pasen al Instituto de Cultura Puertorriqueña cuando no haya conflicto con la Oficina de Gerencia de Permisos.

Esta nueva ley amenaza nuestros lugares sagrados, sitios que aún no han sido descubiertos, nuestro patrimonio sagrado indígena único en el Mundo, que nos pertenece a todos los Boricuas, el legado que dejaron nuestros ancestros como un regalo a las generaciones del futuro y a la humanidad.

Esperamos que el Cuerpo Legislativo sea cuidadoso al respecto, proteja y preserve estos lugares, artefactos, osamentas y asigne los recursos humanos y fiscales necesarios para su preservación para las futuras generaciones. La Confederación Unida del Pueblo Taíno (UCTP/ CUPT) oficialmente reconocida por las Naciones Unidas y afiliado del International Indian Treaty Council (Consejo Internacional de Tratados Indios), espera ser consultada para ofrecerles su peritaje a estos efectos, ya que llevamos mas de once años divulgando y luchando en los foros nacionales e internacionales para que nuestro patrimonio arqueológico sea protegido y preservado en Borikén (Puerto Rico).

El Pueblo Indígena de Puerto Rico espera que los legisladores y representantes elegidos a puestos públicos consideren la importancia de los alcances de esta ley y la amenaza que se cierne sobre nuestro patrimonio nacional indígena que es nuestra raíz Boricua. Las leyes del pasado han mostrado su ineficacia e.j. PO 29 - Jácanas, Ponce. La atención a este asunto puede preservar nuestras reliquias históricas y culturales para las próximas catorce generaciones según un proverbio indígena.

Ponencia preparado por Eva Tona Lazu

martes, 19 de mayo de 2009

Comunicado de Prensa de la CPA relacionado con proyectos de ley de permisología en Puerto Rico

18 de mayo de 2009

A: Medios de comunicación PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

De: Coalición Puertorriqueña de Arqueología
Persona Contacto: Dr. Jaime R. Pagán Jiménez
Teléfono: cel. (787) 207-5898


Asunto: Proyectos de la Cámara de Representantes y del Senado, Estado Libre Asociado de Puerto Rico - “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos”

Comunicado de prensa núm. 1:

“Peligrosa propuesta gubernamental amenaza con destruir el patrimonio arqueológico puertorriqueño”

San Juan, P.R.- “El nuevo proyecto de ley que intenta reestructurar y unificar el proceso de permisos -y que pretende aprobar rápidamente la Legislatura (esta misma semana)-, abre las puertas para que una gran cantidad de sitios arqueológicos puedan ser destruidos por el descuido e ineficiencia gubernamental”, sostiene el doctor en arqueología Jaime Pagán Jiménez, uno de los portavoces de la Coalición Puertorriqueña de Arqueología. “Son tantos los asuntos que quedan a obscuras en esos proyectos de ley que no cabe duda que quienes los redactaron tratan el tema arqueológico y cultural de forma llana, superficial”, expresó también la arqueóloga Marlene Ramos Vélez, consultora con más de 25 años de experiencia en el estudio de recursos arqueológicos e históricos. Por su parte, la exdirectora del Programa de Arqueología del ICP, Isabel Rivera Collazo, quien además es candidata a doctorado en arqueología del University College de Londres, añade que “aun cuando hay que aceptar que el laberinto burocrático de Puerto Rico es demasiado complejo y tortuoso, esto no es justificación para que la solución propuesta afecte de manera negativa el brazo legal con que contamos como sociedad para proteger nuestro patrimonio arqueológico.

Estas propuestas de ley oficialmente eliminan los dos Consejos Arqueológicos que actualmente operan por ley. El poder de decisión sobre nuestro patrimonio quedaría entonces en uno que otro individuo, en el ICP y en la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH), todos éstos, escenarios políticos claramente sometidos a los vaivenes de los gobiernos de turno. Las universidades, como hasta ahora lo habían hecho, ya no tendrían voz ni voto sobre las decisiones fundamentales de protección y estudio de nuestros recursos arqueológicos”.

Los proyectos de ley sobre la reestructuración de permisos caracterizan al patrimonio arqueológico -y a la arqueología- como a una cosa más que hay que sobrepasar para poder construir, desarrollar y crear infraestructura, cuando sabemos que el menor de los impactos a nuestro patrimonio arqueológico a raíz de estos cambios poco pensados provocaría daños irreversibles, sin manera alguna de restaurarlo o restituirlo, como ya ha pasado en muchos casos. De aprobarse la nueva ley de permisos, quedaría abierta la puerta “para que aprueben en masa cientos de proyectos mensuales. ¿Quién los va a inspeccionar?, ¿quién va a pagar porque se le provea carro (más gasolina, dieta y millaje) a ese ejército de inspectores?, ¿si los inspectores están en la calle, quién va a emitir los permisos desde las oficinas?, ¿si no hay Consejos Arqueológicos, qué pasará con un proyecto que haya infligido sus condiciones?, cuestiona con gran preocupación Rivera Collazo desde la capital inglesa.

La nueva ley deroga, con un plumazo, las secciones y artículos de las leyes #10 de 1987 y #112 de 1988 que disponen la creación de los Consejos de Arqueología Terrestre y Subacuática y transfiere al ICP todas las facultades, obligaciones y deberes de los Consejos que no entren en conflicto con los estatutos de la nueva entidad reguladora que se llamaría Oficina de Gerencia de Permisos.

El gremio de arqueólogos nunca fue consultado sobre esto. “Con las grandes lagunas que quedan plasmadas en los proyectos de ley que se quieren aprobar abruptamente, es obvio que se impactarían recursos arqueológicos, tanto conocidos como muchos aún sin descubrir, lo que a su vez representaría daños irreparables a nuestra milenaria identidad colectiva porque se destruirían segmentos insospechados de nuestra trayectoria histórica”, sostuvo el doctor Pagán Jiménez recordando que hace poco menos de dos años, varias voces del Consejo de Arqueología Terrestre, un sustancial grupo de arqueólogos académicos y consultores, así como otros sectores de la sociedad civil lograron detener el inmisericorde impacto negativo que se desarrollaba sobre el famoso sitio arqueológico conocido por Jácana en el Municipio de Ponce. “Traspasarle todas las facultades de los Consejos al ICP -ahora con mucho menos presupuesto- o a la OECH (en igual situación presupuestaria) sin requerirle a éstas, por ley, un plan de acción y una restructuración concreta sería altamente problemático” según explicó Rivera Collazo.

Para la arqueóloga Marlene Ramos Vélez “no cabe duda que la burocracia y la lentitud en los permisos es un problema real, pero no podemos adjudicarle esta situación únicamente a los amplios problemas de nuestra economía. Cuando se leen los proyectos de ley en cuestión se da la amarga sensación de que la construcción de edificios, urbanizaciones e infraestructura es símbolo de progreso económico en nuestra sociedad”. “Estoy de acuerdo que las demás agencias agilicen sus procesos, porque muchas de ellas son más que burocracia... pero la arqueología, los recursos históricos y la protección del ambiente requieren más de 90 días y no creo que valga la pena sacrificarlos para poder mejorar nuestro ‘standing’ en unos listados de Business Groups”, añadió Rivera Collazo.

“Antes que eliminar los Consejos de Arqueología, podemos proponer un sinnúmero de medidas que le daría las herramientas necesarias a la Legislatura para que los Consejos Arqueológicos puedan operar con agilidad y bajos costos (…) Estamos todos los expertos en arqueología que requiera la Legislatura o el Ejecutivo para analizar esto con inteligencia; algunos, incluso, estamos dispuestos a brindar, ad honorem, nuestro peritaje para auxiliar a la arqueología y a nuestro patrimonio arqueológico, sin que esto se pelee con los planes de agilización de permisos del gobierno actual”, asunto de coincidencia que expresaron los arqueólogos Miguel Rodríguez (Rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y ex­miembro del Consejo de Arqueología Terrestre) y Pagán Jiménez. “No es posible construir ni crear infraestructura a expensas de nuestro patrimonio arqueológico o natural. De aceptar los proyectos tal y como están confeccionados nos destruiríamos nosotros mismos, a nuestra memoria histórica, en aras de un aparente desarrollo económico”, precisó el doctor Pagán Jiménez.

Los Consejos Arqueológicos fueron creados por ley para que generen políticas públicas efectivas sobre nuestro patrimonio arqueológico de acuerdo nuestras necesidades como sociedad y de acuerdo a las convenciones internacionales de la UNESCO avaladas por los países miembros de la ONU (incluido EE.UU.). Entre sus distintas tareas se encuentran el fomento del estudio científico de ese patrimonio, su protección y su divulgación a toda la sociedad, pero la intención de los proyectos de ley de reestructuración de permisos ha sido promover la falsa idea de que esos Consejos únicamente tramitan permisos.

#####

Resumen de credenciales de los contactos:


Jaime R. Pagán Jiménez: Doctor en Antropología (arqueología) graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Autor de artículos y capítulos de libro en publicaciones académicas internacionales, y de un libro de paleoetnobotánica de Puerto Rico editado en la Université de Paris 1 (La Sorbona). Ganador de la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso, 2005, máxima distinción en el área de antropología que otorga la UNAM a la investigación doctoral más sobresaliente.

domingo, 10 de mayo de 2009

miércoles, 6 de mayo de 2009

Cumbre Mundial sobre Cambio Climatico: Declaracion de Anchorage

UCTP Noticias Tainas - Naniki Reyes Ocasio (Boriken Taino), Miguel d' Escoto Brockmann (presidente de la Asamblea General de la O.N.U), y Hariette Vreedzaam - Joeroeja (Galibi - Suriname) reunidos en Alaska para la Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas y Cambio Climático.

Declaración de Anchorage
(Traducción no oficial)

24 Abril 2009

Del 20 al 24 de abril del 2009, representantes indígenas del Ártico, Norte América, Asia, Pacifico, Latino América, Africa, Caribe y Rusia reunidos en Alaska para la Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas y Cambio Climático. Agradecemos a los pueblos Antha y Dena’iana en cuyas tierras nos reunimos.

Expresamos nuestra solidaridad con los Pueblos Indígenas que viven en áreas vulnerables a los impactos y causas del cambio climático. Afirmamos la inquebrantable y sagrada conexión entre la tierra, el aire, los océanos, los bosques, el hielo marino, las plantas, los animales y con nuestras comunidades humanas como bases materiales y espirituales para nuestra existencia.

Estamos profundamente alarmados por la acelerada devastación climática que ha traído el desarrollo no-sustentable. Estamos experimentando profundos, adversos y desproporcionados impactos en nuestras culturas, salud humana y ambiental, derechos humanos, bienestar, formas de vida tradicional, sistemas de alimento y soberanía alimentaria, infraestructura local, viabilidad económica y nuestra propia supervivencia como Pueblos Indígenas.

La Madre Tierra ya no se encuentra en un proceso de cambio climático, sino en una crisis ambiental. Por eso insistimos en la finalización inmediata de la destrucción y profanación de los elementos vitales.

A través de nuestros conocimientos, espiritualidad, ciencia, prácticas y experiencias con nuestras tierras y territorios tradicionales, agua, aire, bosques, océanos, hielo marino y otros recursos naturales y toda la vida. Los Pueblos Indígenas tenemos un rol vital en la defensa y mantenimiento de la salud de la Madre Tierra. El futuro de los Pueblos Indígenas reside en la sabiduría de nuestros ancianos, la restitución del lugar sagrado de la mujer, los jóvenes de hoy y de las futuras generaciones.

Defendemos que los derechos inherentes de los pueblos indígenas, afirmados por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (UN-DRIP), deben respetarse plenamente en todos los procesos de decisión y actividades relacionadas con cambio climático. Esto incluye el derecho a nuestras tierras, territorios, ambiente y recursos naturales como se menciona en los Arts. 25 al 30 de la (UN-DRIP). Cuando sean afectados por programas o proyectos, el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas, debe ser respetado, enfatizando nuestro derecho al consentimiento libre, previo e informado, incluyendo el derecho a decir “no”. Los acuerdos y principios del UNFCCC, deben reflejar el espíritu de la declaración de los Pueblos Indígenas.


Acciones a tomar:

1. Con el fin de lograr el objetivo fundamental de la Convención Marco de las Naciones Unidas para cambio climático (CMNUCC). Instamos a la reunión No. 15 de la conferencia de las partes de la (CMNUCC) a apoyar una meta vincúlate para la reducción de las emisiones de los países desarrollados, a un nivel de cuando menos 45% por debajo de los niveles del año 1990, meta que deberá cumplirse para el año 2020, y a un nivel de cuando menos 95% por debajo de los de dicho año de referencia para el año 2050. Reconociendo las causas profundas del cambio climático, llamamos a los estados a trabajar para disminuir la dependencia en los combustibles fósiles. Por otra parte pedimos una transición justa a economías, fuentes y sistemas, descentralizados de energía renovable, y que estos sean controlados por nuestras comunidades locales, para lograr soberanía y seguridad energética.

Además los participantes en la cumbre, acordaron y presentaron dos opciones de acción que fueron apoyadas por uno o más de los participantes en los grupos de trabajo regionales, estas son las siguientes:

a. Hacemos un llamado para salir del desarrollo basado en combustibles fósiles y pedimos una moratoria para nuevos modelos de desarrollo en o cerca de tierras y territorios indígenas.

b. Llamamos a trabajar en un proceso progresivo de eventual salida de combustibles fósiles, sin infringir el derecho al desarrollo de las nacionalidades indígenas.

2. Hacemos un llamado a las partes de la (CMNUCC) para que reconozcan la importancia de nuestros conocimientos y prácticas tradicionales compartidas por los pueblos indígenas en el desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático. Para enfrentar el cambio climático, también hacemos un llamado a la (CMNUCC) para que reconozca la histórica deuda ecológica de los países del anexo 1que han contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero y pedimos a estos países pagar esta deuda histórica.

3. Instamos al Panel Intergubernamental de expertos en cambio climático (IPCC), Millenium Ecosystem Assessment y otras instituciones relevantes para apoyar a los pueblos indígenas a llevar a cabo investigaciones sobre cambio climático.

4. Instamos a los órganos de decisión de la (CMNUCC) a establecer una estructura y mecanismo formales con y para una participación efectiva de los pueblos indígenas. Específicamente recomendamos a la (CMNUCC) lo siguiente:

a. Organizar reuniones técnicas informativas periódicas por pueblos indígenas sobre conocimientos tradicionales y cambio climático.

b. Reconocer e involucrar al Foro internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y sus puntos focales regionales, con un rol de asesor.

c. Establecer inmediatamente un punto focal indígena dentro de la secretaria de la (CMNUCC).

d. Nombrar representantes de los pueblos indígenas en la CMNUCC, en mecanismos de financiamiento y consulta con pueblos indígenas.

e. Tomar las medidas necesarias para asegurar la plena y efectiva participación de las comunidades indígenas locales en la formulación, implementación y monitoreo de actividades de mitigación y adaptación de los impactos del cambio climático.

5. Todas las iniciativas bajo Reducción de emisiones por degradación y deforestación (REDD) deben asegurar el reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo seguridad en la tenencia de tierra, reconocimiento de los títulos de la tierra, acorde a los usos, costumbres y leyes tradicionales y a los múltiples beneficios de los bosques al clima, los ecosistemas y las personas antes de tomar cualquier acción.

6. Desafiamos a los estados a abandonar las falsas soluciones al cambio climático que impactan negativamente en los derechos, tierras, aire, océanos, bosques, territorios y agua de los pueblos indígenas. Esto incluye energía nuclear, represas a gran escala, técnicas de geo-ingeniería, “carbón limpio”, agrocombustibles, plantaciones, y mecanismos basados en mercado, tales como el comercio de carbono, los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y compensaciones sobre los bosques. El derecho de los pueblos indígenas de proteger nuestros bosques y medios de vida deben ser asegurados.

7. Instamos a hacer un adecuado y directo financiamiento en los países desarrollados y en desarrollo para crear un fondo con el que los pueblos indígenas puedan tener una participación plena y efectiva en todos los procesos de cambio climático, incluida la adaptación, mitigación, monitoreo y transferencia de tecnología apropiada, para potenciar el empoderamiento, la construcción de capacidades y la educación. Instamos firmemente a los organismos de las Naciones Unidas a que faciliten un fondo para la participación, educación y construcción de capacidades de los jóvenes y mujeres indígenas para asegurar su involucramiento en todos los procesos relacionados con cambio climático a nivel nacional e internacional.

8. Instamos a las instituciones financieras a proporcionar un seguro de riesgo para los Pueblos Indígenas, para que ellos puedan recuperarse de eventos climáticos extremos.

9. Instamos a todas las agencias de las Naciones Unidas a hacer frente a los impactos del cambio climático en sus estrategias y planes de acción y particularmente los impactos en los Pueblos Indígenas, incluyendo la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), El Foro Permanente para cuestiones indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII), otros. Instamos a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y otras organizaciones relevantes de las Naciones Unidas ha establecer un grupo de trabajo de pueblos indígenas, para enfrentar los impactos del cambio climático en la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria de los Pueblos Indígenas.

10. Instamos al Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP) a conducir una investigación rápida y sin trabas, a corto plazo, sobre las causas profundas del cambio climático, especialmente el carbón negro, con miras a iniciar negociaciones dentro de un acuerdo internacional para reducir emisiones de carbón negro.

11. Instamos a los Estados a reconocer e implementar los derechos humanos fundamentales y el estatus de Pueblos Indígenas, los derechos colectivos a la ocupación tradicional, uso, acceso, ocupación y titulación de tierras tradicionales, aire, bosques, agua, océanos, hielo marino y sitios sagrados, así como los derechos afirmados en los tratados, deben ser respetados y reconocidos en la planificación de uso del suelo y estrategias de mitigación del cambio climático. En particular debe asegurarse que los Pueblos Indígenas tengan el derecho de movilidad y no sean removidos forzosamente o trasladados lejos de sus tierras y territorios tradicionales, y que los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario sean respetados. En el caso de los migrantes por cambio climático, programas y medidas apropiadas deben abordar sus derechos y vulnerabilidades.

12. Instamos a los Estados a regresar y restaurar tierras y territorios, aguas, bosques, océanos, hielo marino y sitios sagrados que han sido usurpados a los pueblos indígenas y han limitado nuestro acceso a formas tradicionales de vida, lo que ha provocado un mal uso y una exposición de nuestras tierras a las condiciones climáticas que contribuyen al cambio climático.

13. Con el fin de proveer los recursos necesarios para nuestro sobrevivencia colectiva en respuesta a la crisis del clima, declaramos nuestros comunidades, agua, aire, océanos, hielo marino, tierras y territorios tradicionales a ser “Areas de Soberanía Alimentaria” definidas y dirigidas por Pueblos Indígenas, siguiendo nuestras leyes tradicionales, y libres de sistemas industriales de producción de alimentos basados en químicos y de industrias extractivas (e.g. contaminantes, agro-combustibles, organismos genéticamente modificados, y deforestación).

14. Alentamos a nuestras comunidades a intercambiar información asegurando la protección y respeto de los derechos de propiedad intelectual a los niveles local, nacional e internacional pertenecientes a nuestras prácticas, innovaciones y Conocimientos Tradicionales. Estos incluyen el uso de tierra, agua, y hielo marino, agricultura tradicional, manejo de bosques, semillas ancestrales, pastoralismo, animales y plantas para alimento, medicinas, que son esenciales en el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación para el cambio climático, restaurando nuestra soberanía e independencia alimentaria, y fortaleciendo nuestros familias y naciones indígenas.

15. Ofrecemos compartir con la humanidad nuestras prácticas, innovaciones y Conocimientos Tradicionales, relevantes al cambio climático siempre que nuestros derechos fundamentales como guardianes intergeneracionales de este conocimiento sean plenamente reconocidos y respetados. Reiteramos la urgencia para acción colectiva.


Fuente:
http://coica-amazonica.blogspot.com/2009/05/declaracion-de-anchorage.html
Ver documento oficial original en ingles: 
http://www.indigenoussummit.com/servlet/content/declaration.html