martes, 19 de mayo de 2009

Comunicado de Prensa de la CPA relacionado con proyectos de ley de permisología en Puerto Rico

18 de mayo de 2009

A: Medios de comunicación PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

De: Coalición Puertorriqueña de Arqueología
Persona Contacto: Dr. Jaime R. Pagán Jiménez
Teléfono: cel. (787) 207-5898


Asunto: Proyectos de la Cámara de Representantes y del Senado, Estado Libre Asociado de Puerto Rico - “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos”

Comunicado de prensa núm. 1:

“Peligrosa propuesta gubernamental amenaza con destruir el patrimonio arqueológico puertorriqueño”

San Juan, P.R.- “El nuevo proyecto de ley que intenta reestructurar y unificar el proceso de permisos -y que pretende aprobar rápidamente la Legislatura (esta misma semana)-, abre las puertas para que una gran cantidad de sitios arqueológicos puedan ser destruidos por el descuido e ineficiencia gubernamental”, sostiene el doctor en arqueología Jaime Pagán Jiménez, uno de los portavoces de la Coalición Puertorriqueña de Arqueología. “Son tantos los asuntos que quedan a obscuras en esos proyectos de ley que no cabe duda que quienes los redactaron tratan el tema arqueológico y cultural de forma llana, superficial”, expresó también la arqueóloga Marlene Ramos Vélez, consultora con más de 25 años de experiencia en el estudio de recursos arqueológicos e históricos. Por su parte, la exdirectora del Programa de Arqueología del ICP, Isabel Rivera Collazo, quien además es candidata a doctorado en arqueología del University College de Londres, añade que “aun cuando hay que aceptar que el laberinto burocrático de Puerto Rico es demasiado complejo y tortuoso, esto no es justificación para que la solución propuesta afecte de manera negativa el brazo legal con que contamos como sociedad para proteger nuestro patrimonio arqueológico.

Estas propuestas de ley oficialmente eliminan los dos Consejos Arqueológicos que actualmente operan por ley. El poder de decisión sobre nuestro patrimonio quedaría entonces en uno que otro individuo, en el ICP y en la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH), todos éstos, escenarios políticos claramente sometidos a los vaivenes de los gobiernos de turno. Las universidades, como hasta ahora lo habían hecho, ya no tendrían voz ni voto sobre las decisiones fundamentales de protección y estudio de nuestros recursos arqueológicos”.

Los proyectos de ley sobre la reestructuración de permisos caracterizan al patrimonio arqueológico -y a la arqueología- como a una cosa más que hay que sobrepasar para poder construir, desarrollar y crear infraestructura, cuando sabemos que el menor de los impactos a nuestro patrimonio arqueológico a raíz de estos cambios poco pensados provocaría daños irreversibles, sin manera alguna de restaurarlo o restituirlo, como ya ha pasado en muchos casos. De aprobarse la nueva ley de permisos, quedaría abierta la puerta “para que aprueben en masa cientos de proyectos mensuales. ¿Quién los va a inspeccionar?, ¿quién va a pagar porque se le provea carro (más gasolina, dieta y millaje) a ese ejército de inspectores?, ¿si los inspectores están en la calle, quién va a emitir los permisos desde las oficinas?, ¿si no hay Consejos Arqueológicos, qué pasará con un proyecto que haya infligido sus condiciones?, cuestiona con gran preocupación Rivera Collazo desde la capital inglesa.

La nueva ley deroga, con un plumazo, las secciones y artículos de las leyes #10 de 1987 y #112 de 1988 que disponen la creación de los Consejos de Arqueología Terrestre y Subacuática y transfiere al ICP todas las facultades, obligaciones y deberes de los Consejos que no entren en conflicto con los estatutos de la nueva entidad reguladora que se llamaría Oficina de Gerencia de Permisos.

El gremio de arqueólogos nunca fue consultado sobre esto. “Con las grandes lagunas que quedan plasmadas en los proyectos de ley que se quieren aprobar abruptamente, es obvio que se impactarían recursos arqueológicos, tanto conocidos como muchos aún sin descubrir, lo que a su vez representaría daños irreparables a nuestra milenaria identidad colectiva porque se destruirían segmentos insospechados de nuestra trayectoria histórica”, sostuvo el doctor Pagán Jiménez recordando que hace poco menos de dos años, varias voces del Consejo de Arqueología Terrestre, un sustancial grupo de arqueólogos académicos y consultores, así como otros sectores de la sociedad civil lograron detener el inmisericorde impacto negativo que se desarrollaba sobre el famoso sitio arqueológico conocido por Jácana en el Municipio de Ponce. “Traspasarle todas las facultades de los Consejos al ICP -ahora con mucho menos presupuesto- o a la OECH (en igual situación presupuestaria) sin requerirle a éstas, por ley, un plan de acción y una restructuración concreta sería altamente problemático” según explicó Rivera Collazo.

Para la arqueóloga Marlene Ramos Vélez “no cabe duda que la burocracia y la lentitud en los permisos es un problema real, pero no podemos adjudicarle esta situación únicamente a los amplios problemas de nuestra economía. Cuando se leen los proyectos de ley en cuestión se da la amarga sensación de que la construcción de edificios, urbanizaciones e infraestructura es símbolo de progreso económico en nuestra sociedad”. “Estoy de acuerdo que las demás agencias agilicen sus procesos, porque muchas de ellas son más que burocracia... pero la arqueología, los recursos históricos y la protección del ambiente requieren más de 90 días y no creo que valga la pena sacrificarlos para poder mejorar nuestro ‘standing’ en unos listados de Business Groups”, añadió Rivera Collazo.

“Antes que eliminar los Consejos de Arqueología, podemos proponer un sinnúmero de medidas que le daría las herramientas necesarias a la Legislatura para que los Consejos Arqueológicos puedan operar con agilidad y bajos costos (…) Estamos todos los expertos en arqueología que requiera la Legislatura o el Ejecutivo para analizar esto con inteligencia; algunos, incluso, estamos dispuestos a brindar, ad honorem, nuestro peritaje para auxiliar a la arqueología y a nuestro patrimonio arqueológico, sin que esto se pelee con los planes de agilización de permisos del gobierno actual”, asunto de coincidencia que expresaron los arqueólogos Miguel Rodríguez (Rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y ex­miembro del Consejo de Arqueología Terrestre) y Pagán Jiménez. “No es posible construir ni crear infraestructura a expensas de nuestro patrimonio arqueológico o natural. De aceptar los proyectos tal y como están confeccionados nos destruiríamos nosotros mismos, a nuestra memoria histórica, en aras de un aparente desarrollo económico”, precisó el doctor Pagán Jiménez.

Los Consejos Arqueológicos fueron creados por ley para que generen políticas públicas efectivas sobre nuestro patrimonio arqueológico de acuerdo nuestras necesidades como sociedad y de acuerdo a las convenciones internacionales de la UNESCO avaladas por los países miembros de la ONU (incluido EE.UU.). Entre sus distintas tareas se encuentran el fomento del estudio científico de ese patrimonio, su protección y su divulgación a toda la sociedad, pero la intención de los proyectos de ley de reestructuración de permisos ha sido promover la falsa idea de que esos Consejos únicamente tramitan permisos.

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Resumen de credenciales de los contactos:


Jaime R. Pagán Jiménez: Doctor en Antropología (arqueología) graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Autor de artículos y capítulos de libro en publicaciones académicas internacionales, y de un libro de paleoetnobotánica de Puerto Rico editado en la Université de Paris 1 (La Sorbona). Ganador de la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso, 2005, máxima distinción en el área de antropología que otorga la UNAM a la investigación doctoral más sobresaliente.

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