Areito Jara Guatukan del Caney de Orocovis
HC-01 Bx. 5761
Ciales, Boriken (Puerto Rico) 00638
Tel: 787-847-5039
CE: caney@prtc.net
20 de Mayo del 2009
VIA E-MAIL
A: Honorable Representante Manuel Navedo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación, Comercio, Industria y Telecom y los Honorables Miembros de dicha Comisión. mnavedo@camaraderepresentantes.org
Asunto: Ponencia Preliminar sobre Medida PC 1649 - “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos”
Solicitamos respetuosamente a la Honorable Comisión que se incluya esta Ponencia como parte íntegra de las vistas públicas y que la misma sea considerada en la toma de decisiones legislativas como parte de las vistas públicas. Entendemos que las mismas impactaran la protección de nuestra Madre Tierra (ambiente) y los recursos naturales que son el sostén de la vida del pueblo, y la protección del Legado ancestral que es parte de la cultura, la tradición, la identidad y la esencia de la vida del Boricua.
Sabemos que el propósito fundamental y medular de vistas públicas es proveer precisamente al público la oportunidad de no solo opinar sino tener una participación plena y activa en dicho proceso.
Tenemos que preguntar ¿porque la Legislatura pretende aprobar rápidamente un Proyecto de Ley que apenas fue radicada hace 7 días? y ¿porque están celebrando vistas publicas cuando el público no ha tenido el tiempo adecuado para analizar con detenimiento el contenido de dicho proyecto?
Esto nos lleva también a preguntarnos ¿Qué intereses están envueltos realmente? Cuando temas de suma importancia para el pueblo son tratados de forma ligera y superficialmente.
Por lo tanto, repudiamos esta peligrosa propuesta gubernamental que intenta contra los derechos básicos humanos, colectivos, constitucionales, y va en contra de La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, poniendo en peligro nuestra Madre Tierra, medio ambiente y los recursos naturales, amenazando la destrucción de nuestro Legado Indígena Ancestral.
Dicho Proyecto de Ley pretende reestructurar, unificar y agilizar el proceso de permisos como solución a la situación económica del país. El sentido común dicta que la construcción de edificios, urbanizaciones e infraestructura no son indicios de un plan de desarrollo económico para ningún país. De hecho, el enfoque sobre la construcción no es una que provee trabajos permanentes sino trabajos temporales que a largo plazo tampoco es viable para el país y no podrá “facilitar y propiciar el desarrollo integral, económico, social y físico sostenible de Puerto Rico que resultará en más mejoras y diversas industrias y en la creación de empleos en el sector privado” (“Metas/Objetivos de esta Ley,” pagina 8, párrafo 1).
Uno de los fundamentos utilizado como evidencia irrefutable del problema que pretende resolver este proyecto son las estadísticas utilizadas que demuestran demoras en la obtención de los permisos requeridos para la construcción. Cuando se analizan las mismas, son engañosas porque incluyen las fases de permisos desde la etapa de consulta de ubicación hasta el de permiso de uso bajo el sistema actual. Por ejemplo, según su tabla, un proyecto turístico puede tardar un promedio de 7.8 años pero esta estadística no dice cuantos de los 7.8 años se tardó la construcción de dicho proyecto. Por ende, no podemos determinar cuánto tiempo real se tomó en obtener los permisos requeridos.
También cuestionamos la veracidad de los expertos citados en dicho Proyecto de Ley que “coinciden en que quien más se afecta por estos tipos de sistemas son las pequeñas y medianas empresas quienes son las que dependen de procesos sencillos, eficientes y ágiles para poder establecerse y progresar.” Han sido precisamente los mega-proyectos de los mall, los súper-centros de servicio de automóviles, las mega-tiendas y proyectos turísticos quienes han desplazado muchas pequeñas y medianas empresas locales de generaciones de familia ya establecidas. A nuestro mejor entender, no ha sido la falta de procesos sencillos, eficientes y ágiles que han afectado muchas de la pequeñas y medianas empresas para poder establecerse y progresar.
Esto nos lleva hacer otra pregunta. Preguntamos ¿Cómo esta Propuesta de Ley propone agilizar el proceso de evaluar y otorgar permisos cuando la “Descripción de la Nueva Estructura” de dicha Ley crea una Oficina de Gerencia con tanto personal, equipos, materiales y otros gastos para poder cumplir con sus funciones y el requisito de pre-radicación para todos los proyectos en Puerto Rico?
Aunque el sistema burocrático actual es lento, complejo y costoso, ha sido y es necesario contar con la inherencia del pueblo en la creación de nuevos Proyectos de Ley. La creación de nuevas estructuras burocráticas según dicha Ley, tampoco permite la participación del pueblo en el proceso de evaluar los proyectos propuestos dejando el pueblo sin voz en estos asuntos.
Nos parece que este Proyecto de Ley no atiende ni resuelve la grave situación económica existente y trata de manera superficial los derechos básicos humanos, colectivos y constitucionales del pueblo, su legado ancestral, la Madre Tierra, ambiente y recursos naturales que es el sostén de la vida de nuestro pueblo y la cultura, tradiciones, identidad y esencia de vida de un pueblo. No se puede jugar ni tratar de manera superficial ni ligero los derechos fundamentales del Pueblo.
Solicitamos que la Cámara recuerde que la Constitución de este Pueblo garantiza el derecho a disfrutar de la propiedad, la cual incluye el disfrute pleno de su Legado ancestral que bajo este Proyecto de Ley con el enfoque de proyecto de construcción, ha sido precisamente lo que ha causado la pérdida irreparable e irreversible a nuestra, Madre Tierra, (ambiente) y los recursos naturales que son el sostén de la vida del pueblo, y el Legado Ancestral que es parte de la cultura, tradición, identidad y la esencia de la vida del Boricua y a privado el pueblo del pleno disfrute del mismo. Evidencia de lo antes mencionado se encentra en las experiencias de Vieques, Culebra, Caguas, Arecibo, Jácanas, Ponce, entre otros. Lo que se debe incluir en cualquier enmienda o reestructuración de permisos es la protección rigurosa de este legado que ya se ha impactado irreversiblemente, irreparablemente y sin esperanza de su restauración...
Todo desarrollo de ley o enmienda debe tomar en consideración que las mismas no pongan en peligro la salud y el bienestar del Pueblo bajo el pretexto de lograr “…el mayor desarrollo y provecho de los recursos naturales para el beneficio general de la comunidad. Esta condición claramente exige un balance flexible de ambos principios constitucionales toda vez que quedan razonablemente equilibrados la obligación del Estado a conservar nuestros recursos naturales con el derecho fundamental al disfrute de la propiedad.” (Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo VI, Sección 19).
Por lo tanto, no se puede interpretar las disposiciones de esta ley como una a favor “…del derecho al pleno disfrute de la propiedad como derecho fundamental y amplio” (Constitución de los Estados Unidos de América, Enmiendas Quinta y Decimocuarta; Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo II, Sección 7) cuando pretende flexibilizar, o sea disminuir, dicho derecho de propiedad, protección de nuestra Madre Tierra (ambiente) y la protección de nuestros recursos naturales.
Un proyecto de tan gran envergadura que trastoca tantas protecciones, derechos, leyes, reglamentos y agencias no se debe aprobar ni se puede dejar a los “…vaivenes de los gobiernos de turnos…” (Comunicado de Prensa de la Coalición Puertorriqueña de Arqueología Dr. Jaime R. Pagan Jiménez), sino, requiere un estudio profundo y un análisis detenido de su impacto sobre los derechos básicos humanos, colectivos y constitucionales del pueblo, su derecho de consulta, la protección de la Madre Tierra, (ambiente y recursos naturales) que nos sostiene, y nuestra cultura, tradición, identidad, esencia que le da vida al pueblo y nuestro legado Ancestral.
Estamos en la mejor disposición de presentar esta ponencia antes la honorable Comisión de Desarrollo Económico y Planificación, Comercio, Industria y Telecom.
Bo Matum (Gracias).
Naniki Reyes Ocasio,
Arieto Jara Guatukan del Caney de Orocovis
caney@prtc.net
(787) 847-5039
Joanna Soto-Avilés,
Miembro de la Comunidad Indígena Taíno de Coamo
jsaviles1@gmail.com
(787) 325-2777
HC-01 Bx. 5761
Ciales, Boriken (Puerto Rico) 00638
Tel: 787-847-5039
CE: caney@prtc.net
20 de Mayo del 2009
VIA E-MAIL
A: Honorable Representante Manuel Navedo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación, Comercio, Industria y Telecom y los Honorables Miembros de dicha Comisión. mnavedo@camaraderepresentantes.org
Asunto: Ponencia Preliminar sobre Medida PC 1649 - “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos”
Solicitamos respetuosamente a la Honorable Comisión que se incluya esta Ponencia como parte íntegra de las vistas públicas y que la misma sea considerada en la toma de decisiones legislativas como parte de las vistas públicas. Entendemos que las mismas impactaran la protección de nuestra Madre Tierra (ambiente) y los recursos naturales que son el sostén de la vida del pueblo, y la protección del Legado ancestral que es parte de la cultura, la tradición, la identidad y la esencia de la vida del Boricua.
Sabemos que el propósito fundamental y medular de vistas públicas es proveer precisamente al público la oportunidad de no solo opinar sino tener una participación plena y activa en dicho proceso.
Tenemos que preguntar ¿porque la Legislatura pretende aprobar rápidamente un Proyecto de Ley que apenas fue radicada hace 7 días? y ¿porque están celebrando vistas publicas cuando el público no ha tenido el tiempo adecuado para analizar con detenimiento el contenido de dicho proyecto?
Esto nos lleva también a preguntarnos ¿Qué intereses están envueltos realmente? Cuando temas de suma importancia para el pueblo son tratados de forma ligera y superficialmente.
Por lo tanto, repudiamos esta peligrosa propuesta gubernamental que intenta contra los derechos básicos humanos, colectivos, constitucionales, y va en contra de La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, poniendo en peligro nuestra Madre Tierra, medio ambiente y los recursos naturales, amenazando la destrucción de nuestro Legado Indígena Ancestral.
Dicho Proyecto de Ley pretende reestructurar, unificar y agilizar el proceso de permisos como solución a la situación económica del país. El sentido común dicta que la construcción de edificios, urbanizaciones e infraestructura no son indicios de un plan de desarrollo económico para ningún país. De hecho, el enfoque sobre la construcción no es una que provee trabajos permanentes sino trabajos temporales que a largo plazo tampoco es viable para el país y no podrá “facilitar y propiciar el desarrollo integral, económico, social y físico sostenible de Puerto Rico que resultará en más mejoras y diversas industrias y en la creación de empleos en el sector privado” (“Metas/Objetivos de esta Ley,” pagina 8, párrafo 1).
Uno de los fundamentos utilizado como evidencia irrefutable del problema que pretende resolver este proyecto son las estadísticas utilizadas que demuestran demoras en la obtención de los permisos requeridos para la construcción. Cuando se analizan las mismas, son engañosas porque incluyen las fases de permisos desde la etapa de consulta de ubicación hasta el de permiso de uso bajo el sistema actual. Por ejemplo, según su tabla, un proyecto turístico puede tardar un promedio de 7.8 años pero esta estadística no dice cuantos de los 7.8 años se tardó la construcción de dicho proyecto. Por ende, no podemos determinar cuánto tiempo real se tomó en obtener los permisos requeridos.
También cuestionamos la veracidad de los expertos citados en dicho Proyecto de Ley que “coinciden en que quien más se afecta por estos tipos de sistemas son las pequeñas y medianas empresas quienes son las que dependen de procesos sencillos, eficientes y ágiles para poder establecerse y progresar.” Han sido precisamente los mega-proyectos de los mall, los súper-centros de servicio de automóviles, las mega-tiendas y proyectos turísticos quienes han desplazado muchas pequeñas y medianas empresas locales de generaciones de familia ya establecidas. A nuestro mejor entender, no ha sido la falta de procesos sencillos, eficientes y ágiles que han afectado muchas de la pequeñas y medianas empresas para poder establecerse y progresar.
Esto nos lleva hacer otra pregunta. Preguntamos ¿Cómo esta Propuesta de Ley propone agilizar el proceso de evaluar y otorgar permisos cuando la “Descripción de la Nueva Estructura” de dicha Ley crea una Oficina de Gerencia con tanto personal, equipos, materiales y otros gastos para poder cumplir con sus funciones y el requisito de pre-radicación para todos los proyectos en Puerto Rico?
Aunque el sistema burocrático actual es lento, complejo y costoso, ha sido y es necesario contar con la inherencia del pueblo en la creación de nuevos Proyectos de Ley. La creación de nuevas estructuras burocráticas según dicha Ley, tampoco permite la participación del pueblo en el proceso de evaluar los proyectos propuestos dejando el pueblo sin voz en estos asuntos.
Nos parece que este Proyecto de Ley no atiende ni resuelve la grave situación económica existente y trata de manera superficial los derechos básicos humanos, colectivos y constitucionales del pueblo, su legado ancestral, la Madre Tierra, ambiente y recursos naturales que es el sostén de la vida de nuestro pueblo y la cultura, tradiciones, identidad y esencia de vida de un pueblo. No se puede jugar ni tratar de manera superficial ni ligero los derechos fundamentales del Pueblo.
Solicitamos que la Cámara recuerde que la Constitución de este Pueblo garantiza el derecho a disfrutar de la propiedad, la cual incluye el disfrute pleno de su Legado ancestral que bajo este Proyecto de Ley con el enfoque de proyecto de construcción, ha sido precisamente lo que ha causado la pérdida irreparable e irreversible a nuestra, Madre Tierra, (ambiente) y los recursos naturales que son el sostén de la vida del pueblo, y el Legado Ancestral que es parte de la cultura, tradición, identidad y la esencia de la vida del Boricua y a privado el pueblo del pleno disfrute del mismo. Evidencia de lo antes mencionado se encentra en las experiencias de Vieques, Culebra, Caguas, Arecibo, Jácanas, Ponce, entre otros. Lo que se debe incluir en cualquier enmienda o reestructuración de permisos es la protección rigurosa de este legado que ya se ha impactado irreversiblemente, irreparablemente y sin esperanza de su restauración...
Todo desarrollo de ley o enmienda debe tomar en consideración que las mismas no pongan en peligro la salud y el bienestar del Pueblo bajo el pretexto de lograr “…el mayor desarrollo y provecho de los recursos naturales para el beneficio general de la comunidad. Esta condición claramente exige un balance flexible de ambos principios constitucionales toda vez que quedan razonablemente equilibrados la obligación del Estado a conservar nuestros recursos naturales con el derecho fundamental al disfrute de la propiedad.” (Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo VI, Sección 19).
Por lo tanto, no se puede interpretar las disposiciones de esta ley como una a favor “…del derecho al pleno disfrute de la propiedad como derecho fundamental y amplio” (Constitución de los Estados Unidos de América, Enmiendas Quinta y Decimocuarta; Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo II, Sección 7) cuando pretende flexibilizar, o sea disminuir, dicho derecho de propiedad, protección de nuestra Madre Tierra (ambiente) y la protección de nuestros recursos naturales.
Un proyecto de tan gran envergadura que trastoca tantas protecciones, derechos, leyes, reglamentos y agencias no se debe aprobar ni se puede dejar a los “…vaivenes de los gobiernos de turnos…” (Comunicado de Prensa de la Coalición Puertorriqueña de Arqueología Dr. Jaime R. Pagan Jiménez), sino, requiere un estudio profundo y un análisis detenido de su impacto sobre los derechos básicos humanos, colectivos y constitucionales del pueblo, su derecho de consulta, la protección de la Madre Tierra, (ambiente y recursos naturales) que nos sostiene, y nuestra cultura, tradición, identidad, esencia que le da vida al pueblo y nuestro legado Ancestral.
Estamos en la mejor disposición de presentar esta ponencia antes la honorable Comisión de Desarrollo Económico y Planificación, Comercio, Industria y Telecom.
Bo Matum (Gracias).
Naniki Reyes Ocasio,
Arieto Jara Guatukan del Caney de Orocovis
caney@prtc.net
(787) 847-5039
Joanna Soto-Avilés,
Miembro de la Comunidad Indígena Taíno de Coamo
jsaviles1@gmail.com
(787) 325-2777
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