Si el Parque Ceremonial Indígena de Caguana abrirá este fin de semana es un misterio.
El Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP) sostiene que mantendrá personal para recibir al público. No obstante, todos los empleados regulares del Parque recibieron su carta de cesantía por lo que no se reportarán a trabajar hoy sábado al más importante centro de ceremonias indígenas de América.
Ayer, varios miembros de organizaciones culturales y arqueológicas se unieron en una protesta para denunciar su temor ante un posible cierre de la instalación que por décadas ha operado en el barrio Caguana, en Utuado.
“Mucha gente ha llamado para saber si el Parque estará abierto este fin de semana y nosotros tenemos que decirle que no sabemos, que los empleados han sido cesanteados”, indicó la coordinadora del Parque, Hildanés Soto.
La coordinadora es una de los ocho cesanteados por el ICP.
El jueves, la directora del Programa de Parques y Museos del ICP, Nicole Pietri, dijo que la Junta de Rehabilitación y Estabilización Fiscal (Jeref) hizo una excepción para, al menos, dejar en sus puestos de trabajo a cuatro de los guías del parque.
“No hemos recibido ninguna comunicación de que nos quedamos en nuestros puestos. Hoy (ayer) estamos recogiendo nuestros documentos y pertenencias personales”, comentó Alfonso Santiago, un guía turístico que llevaba 12 años de trabajo en este centro ceremonial.
A pesar de la protesta organizada por líderes de organizaciones culturales y arqueológicas de Utuado, y el despido de empleados, ayer no se presentó al Parque ni su directora ni ningún representante del ICP.
Tres empleados por contrato mediante la Ley 52, quedaban en servicio en el Centro Ceremonial. Su contrato expirará el 30 de junio.
La coordinadora del Centro mostró preocupación porque la eliminación de los puestos de trabajo ocurre en la temporada alta de visitas.
“No sabemos qué va a pasar con el parque”, dijo Soto.
La representante Brenda López de Arrarás estuvo ayer en la protesta y sostuvo que ha presentado varias medidas legislativas para conocer lo que el Estado pretende hacer con esta instalación y buscar que continué como patrimonio del pueblo de Puerto Rico.
“Ninguno de nuestros planteamientos ha sido contestado. Esto es parte de una administración que no cree en la cultura puertorriqueña”, sostuvo la legisladora. “No solo se trata de destruir el servicio público, con el despido de empleados, sino también lo que es la cultura, lo que nos representa. Este es el centro ceremonial más importante de las Antillas”, añadió.
En tanto, los líderes de las organizaciones culturales opinaron que la instalación debería permanecer en manos del Estado pero de fraguarse algún traspaso debería hacerse a los centros culturales que puedan gestar algún proyecto de autogestión o de colaboración con la Universidad de Puerto Rico en Utuado o la administración municipal.
De igual forma, los comerciantes del área mostraron preocupación por el efecto que un cierre de operaciones o una reducción de los días de trabajo del Centro puedan tener en sus negocios.
“Esto nos afecta en un 100 por ciento”, dijo Nicolás Martínez, dueño del cafetín que opera frente al Centro y que reciba diariamente visitas de los turistas.
