Reunión Regional Caribeña para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático

Jamaica - Entre los días 10 y 11 de mayo se realizó en la localidad jamaicana de Port Royal la Reunión Regional Caribeña para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (PCS). Esta reunión fue organizada por la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO, La Habana; la Oficina Regional UNESCO de Kingston y la Comisión Nacional Jamaicana de la UNESCO y contó con la participación de delegados de varios países de la región como Antigua y Barbuda, Aruba, Belice, Bahamas, Guyana, Jamaica, Surinam, Barbados, Cuba, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Además, participaron destacados académicos de Estados Unidos, Holanda y España entre los que se encontraban el Dr. Filipe Castro del Nautical Archaeology Institute de Texas; el Dr. Martijns Mander, Arqueólogo Subacuático de Holanda; el Dr. Dorric Gray, Director Técnico de Arqueología del Jamaican National Heritage Trust; el Dr. Mariano Aznar-Gómez, abogado del estado español en asuntos relativos al PCS y la Dra. Margaret Leshikar-Denton, Secretaria del Comité para el Patrimonio Cultural Subacuático del ICOMOS. De nuestro centro participó el MSc. Daniel Torres Etayo, Jefe del Grupo de Arqueología del Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología (CENCREM).

Durante las sesiones de la reunión se discutieron las problemáticas y retos de cada país en la investigación, conservación y divulgación del PCS. Los países participantes firmantes de la Convención UNESCO de 2001 transmitieron sus experiencias, así como alentaron al resto de los países a la firma de la misma. Las situaciones regionales van desde la inexistencia de leyes para protección del PCS (caso de Surinam) hasta la de los países que han ratificado la convención.

Entre los acuerdos reflejados en el informe oficial final de esta reunión, se encuentran la sugerencia a los estados de la región, firmantes o no de la Convención UNESCO 2001, a establecer como una prioridad nacional los temas relativos al PCS; trabajar estrechamente con las federaciones deportivas de actividades subacuáticas y los clubes de buceo como aliados en la investigación, conservación, protección y divulgación del PCS; las universidades, como centros concentradores de la actividad académica y científica, deben estar involucradas en la investigación, conservación, protección y divulgación del PCS; recomendación de la utilización del Apéndice de la Convención UNESCO 2001 como documento rector de las intervenciones científicas del PCS, aun cuando los países no sean firmantes de la convención, por ejemplo el caso de los EUA; necesidad de que existan legislaciones respaldadas por códigos penales que tomen en cuenta los delitos contra el PCS, entre otros.

En general los países de la región felicitaron la labor de Cuba y reconocieron la actitud del estado cubano de frenar las actividades de cazadores de tesoros y las asociaciones económicas internacionales para rescate de pecios después de la firma de la Convención en el año 2008 y su ratificación.

Autor: Daniel Torres Etayo
Funete: Revista digital Patrimonio y desarrollo, No. 9. Año II, 2011. CENCREM, La Habana.

Incautan pieza taína de medio millón de euros

UN EQUIPO DE EXPERTOS DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE PARÍS DETERMINÓ QUE EL OBJETO EN CUESTIÓN ES AUTÉNTICO

Pieza. Un trigonolito taíno de los decomisados en Francia es visto en esta fotografía tomada en el Museo de Historia Natural de París. Sin embargo, éste no es el valorado en medio millón de euros.

Santo Domingo.- Las autoridades francesas tienen en su poder una pieza taína valorada entre medio millón y un millón de euros que fue confiscada a mediados del año pasado junto a otros restos arqueológicos enviados a París para ser vendidos a una casa de antigüedades como artesanía moderna.

La pieza fue despachada desde República Dominicana el 3 de abril del año pasado a nombre de la empresa exportadora Hicotea Club S.A., de Las Galeras, Samaná, con destino a Simurg Antiquités, en París, Francia, y decomisada por el Servicio de Aduanas francés en una de cuatro cajas que en total contenían 200 objetos con un peso total de 50 kilos.

Documento

La información está contenida en un documento consignado al Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, al cual tuvo acceso LISTÍN DIARIO, que explica el procedimiento que siguieron las autoridades francesas, desde el decomiso de las piezas hasta la evaluación de su autenticidad y el reporte a la representación dominicana ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París.

El informe no precisa qué objeto es el más preciado, aunque sí señala que entre las piezas se encuentran cuatro trigonolitos, espátulas, una cabeza macorix, hachas petaloides y varios cemíes taínos.

Según el francés Jean Michel Montespan, un experto en arqueología y arte precolombino consultado anteriormente por LISTÍN DIARIO, un trigonolito (piedra de forma triangular con tres rostros) puede costar entre 8,000 y 80,000 euros; un cemí original (ídolo, por lo general de piedra tallada) entre 50,000 y 250,000 euros, y un dúho de madera (una suerte de pequeño asiento ceremonial), hasta medio millón de euros, todo dependiendo de su estado de conservación.

Casa inexistente

Según el documento en poder de la Cancillería, el cargamento iba a ser vendido a Simurg Antiquités por un valor de 4,480 dólares. Las autoridades francesas procedieron a su incautación al percatarse que la casa de antigüedades no existe.

Los objetos fueron enviados al Museo de Historia Natural de París donde un equipo del Departamento de Prehistoria determinó que 34 piezas eran auténticas, que pertenecían a la cultura taína y que al menos una de ellas podría costar en el mercado del arte antiguo entre medio millón y un millón de euros.

Posteriormente, el Tribunal de Gran Instancia de Bobigny, una comuna al noreste de París, abrió una investigación preliminar y luego encargó el caso a la Corte Nacional de Aduanas. En noviembre del año pasado, la representación dominicana en la Unesco fue contactada por Valentin Payraud, inspector judicial del Servicio Nacional de Aduanas francés, quien la puso al tanto del procedimiento.

La Cancillería dominicana maneja el expediente desde diciembre del año pasado.

Lo que procede ahora es que las autoridades locales contacten a las francesas para proceder a la repatriación de los objetos.

El país ya ha recuperado en el pasado varias piezas arqueológicas que debieron haber salido de contrabando.

En el 2004 y 2005, el Museo del Hombre Dominicano realizó la documentación y dio los pasos legales para la recuperación de 85 piezas el primer año, y de otras quince el segundo.

Anteriormente, en 1993, el MHD recuperó una vasija antropomorfa de hueso de manatí en Estados Unidos, y en 1996 tres vasijas antropomorfas, también en ese país.

(+) ¿QUÉ SEÑALAN LAS LEYES EN EL PAÍS?

En República Dominicana la Constitución establece que “toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, formará parte del patrimonio cultural de la Nación y estará bajo la salvaguarda del Estado.

La ley establecerá cuando sea oportuno para su conservación y defensa”.

El párrafo I, del artículo 47, de la Ley 41-00, señala: “La salida del país de cualquier bien mueble que se considere como integrante de patrimonio cultural de la nación, requerirá del permiso previo de la Secretaría de Estado de Cultura. En caso de exportación o sustracción ilegal, el bien será decomisado y entregado a la Secretaría de Estado de Cultura”.

Fuente: LISTÍN DIARIO

Coalición Puertorriqueña de Arqueología analiza proyectos que atentan contra el patrimonio arqueológico

En los medios de comunicación se ha estado discutiendo recientemente las terribles implicaciones que representa para la arqueología el nefasto proyecto de ley 1649 en la Cámara y 880 en el Senado. En pro de un concepto ficticio de progreso y desarrollo, este proyecto propone eliminar la efectividad práctica de las leyes 112 de 1988 y 10 de 1987 que crean los Consejos de Arqueología Terrestre y Arqueología Subacuática respectivamente y que han protegido nuestro patrimonio arqueológico por los últimos 30 años. De esta manera nos quita a nosotros, los ciudadanos, el derecho de conservar y proteger nuestro patrimonio cultural, según ha reconocido la UNESCO.

Ya se ha discutido en repetidas ocasiones las implicaciones de esta situación para Puerto Rico. Sin embargo, es necesario recordar que nuestra isla no es un pedazo de tierra perdido en el Mar Caribe, solo, sin recursos naturales, como nos querían hacer creer los libros de historia de mediados del siglo pasado. Gracias a los esfuerzos de arqueólogos y arqueólogas, tanto puertorriqueños como del otras partes del Caribe, hemos descubierto que nuestra isla ha estado sumergida en los complejos procesos sociales y culturales que han ocurrido en el área pan-caribeña desde hace miles de años: desde el comienzo mismo de las primeras ocupaciones humanas en nuestra isla. Este hecho nos une al resto del Caribe, más allá de las fronteras políticas modernas y ha forjado nuestra cultura y nuestro ser caribeño.

Al hacer peligrar el patrimonio arqueológico de Puerto Rico, los proyectos de ley 1649 y 880 ponen en riesgo el patrimonio de todo el Caribe y America Latina. Arqueólogos de alto calibre a nivel internacional han alzado su voz de protesta en preocupación por el peligro que presenta esta ley. Desde Cuba un total de diez arqueólogos, en representación del grupo web Cuba Arqueológica, firmaron una carta dirigida a Norma Burgos recordándole que el patrimonio de Puerto Rico es Patrimonio Cultural Antillano y que todo latinoamericano tiene el compromiso de defender las conquistas que se han logrado alcanzar con el esfuerzo y tesón de los que nos precedieron.

También desde Cuba, el Vicecordinador del Grupo Cubano de Investigaciones del Arte Rupestre subraya que, en lugar de hacer peligrar el patrimonio cultural, es un deber de todos trabajar por el cumplimiento de las leyes de que lo protegen e inculcar en la sociedad moderna el sentimiento de pertenencia para con el pasado de nuestros pueblos. Desde Curaçao, la Directora del National Archaeological Anthropological Memory Management también ha levantado su voz de alerta recordando que “las historias de nuestros pueblos antillanos están entrelazadas de manera intensa en muchos aspectos y en muchos momentos concretos de nuestro desarrollo cultural regional, desde las etapas más antiguas del poblamiento indígena, hasta los periodos históricos más recientes de la región. Con su vida y sudor, nuestros ancestros forjaron a lo largo de cientos y miles de años esa cultura que ahora llamamos caribeña, esa cultura tan distintiva que nos diferencia, a pesar de nuestra gran diversidad, de cualquier otra región del Mundo.”

Si nuestras leyes han inspirado al resto del Caribe, y en especial a Curaçao, a incluir el patrimonio cultural en las leyes de ordenación y planificación, ¿por qué queremos de un plumazo descartarlas? Es responsabilidad de nuestra legislatura asegurar la protección de nuestro patrimonio, el cual es una pieza central dentro del rompecabezas que conforma el Caribe. El futuro y el desarrollo de Puerto Rico dependen de ello, ya que no puede trascender quien no conoce su origen.

Autor: Isabel C. Rivera Collazo, Candidata doctoral del Instituto de Arqueología de University College London
Fuente: RADIO UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Escuche el Reportaje

Comunicado de Prensa de la CPA relacionado con proyectos de ley de permisología en Puerto Rico

18 de mayo de 2009

A: Medios de comunicación PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

De: Coalición Puertorriqueña de Arqueología
Persona Contacto: Dr. Jaime R. Pagán Jiménez
Teléfono: cel. (787) 207-5898


Asunto: Proyectos de la Cámara de Representantes y del Senado, Estado Libre Asociado de Puerto Rico - “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos”

Comunicado de prensa núm. 1:

“Peligrosa propuesta gubernamental amenaza con destruir el patrimonio arqueológico puertorriqueño”

San Juan, P.R.- “El nuevo proyecto de ley que intenta reestructurar y unificar el proceso de permisos -y que pretende aprobar rápidamente la Legislatura (esta misma semana)-, abre las puertas para que una gran cantidad de sitios arqueológicos puedan ser destruidos por el descuido e ineficiencia gubernamental”, sostiene el doctor en arqueología Jaime Pagán Jiménez, uno de los portavoces de la Coalición Puertorriqueña de Arqueología. “Son tantos los asuntos que quedan a obscuras en esos proyectos de ley que no cabe duda que quienes los redactaron tratan el tema arqueológico y cultural de forma llana, superficial”, expresó también la arqueóloga Marlene Ramos Vélez, consultora con más de 25 años de experiencia en el estudio de recursos arqueológicos e históricos. Por su parte, la exdirectora del Programa de Arqueología del ICP, Isabel Rivera Collazo, quien además es candidata a doctorado en arqueología del University College de Londres, añade que “aun cuando hay que aceptar que el laberinto burocrático de Puerto Rico es demasiado complejo y tortuoso, esto no es justificación para que la solución propuesta afecte de manera negativa el brazo legal con que contamos como sociedad para proteger nuestro patrimonio arqueológico.

Estas propuestas de ley oficialmente eliminan los dos Consejos Arqueológicos que actualmente operan por ley. El poder de decisión sobre nuestro patrimonio quedaría entonces en uno que otro individuo, en el ICP y en la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH), todos éstos, escenarios políticos claramente sometidos a los vaivenes de los gobiernos de turno. Las universidades, como hasta ahora lo habían hecho, ya no tendrían voz ni voto sobre las decisiones fundamentales de protección y estudio de nuestros recursos arqueológicos”.

Los proyectos de ley sobre la reestructuración de permisos caracterizan al patrimonio arqueológico -y a la arqueología- como a una cosa más que hay que sobrepasar para poder construir, desarrollar y crear infraestructura, cuando sabemos que el menor de los impactos a nuestro patrimonio arqueológico a raíz de estos cambios poco pensados provocaría daños irreversibles, sin manera alguna de restaurarlo o restituirlo, como ya ha pasado en muchos casos. De aprobarse la nueva ley de permisos, quedaría abierta la puerta “para que aprueben en masa cientos de proyectos mensuales. ¿Quién los va a inspeccionar?, ¿quién va a pagar porque se le provea carro (más gasolina, dieta y millaje) a ese ejército de inspectores?, ¿si los inspectores están en la calle, quién va a emitir los permisos desde las oficinas?, ¿si no hay Consejos Arqueológicos, qué pasará con un proyecto que haya infligido sus condiciones?, cuestiona con gran preocupación Rivera Collazo desde la capital inglesa.

La nueva ley deroga, con un plumazo, las secciones y artículos de las leyes #10 de 1987 y #112 de 1988 que disponen la creación de los Consejos de Arqueología Terrestre y Subacuática y transfiere al ICP todas las facultades, obligaciones y deberes de los Consejos que no entren en conflicto con los estatutos de la nueva entidad reguladora que se llamaría Oficina de Gerencia de Permisos.

El gremio de arqueólogos nunca fue consultado sobre esto. “Con las grandes lagunas que quedan plasmadas en los proyectos de ley que se quieren aprobar abruptamente, es obvio que se impactarían recursos arqueológicos, tanto conocidos como muchos aún sin descubrir, lo que a su vez representaría daños irreparables a nuestra milenaria identidad colectiva porque se destruirían segmentos insospechados de nuestra trayectoria histórica”, sostuvo el doctor Pagán Jiménez recordando que hace poco menos de dos años, varias voces del Consejo de Arqueología Terrestre, un sustancial grupo de arqueólogos académicos y consultores, así como otros sectores de la sociedad civil lograron detener el inmisericorde impacto negativo que se desarrollaba sobre el famoso sitio arqueológico conocido por Jácana en el Municipio de Ponce. “Traspasarle todas las facultades de los Consejos al ICP -ahora con mucho menos presupuesto- o a la OECH (en igual situación presupuestaria) sin requerirle a éstas, por ley, un plan de acción y una restructuración concreta sería altamente problemático” según explicó Rivera Collazo.

Para la arqueóloga Marlene Ramos Vélez “no cabe duda que la burocracia y la lentitud en los permisos es un problema real, pero no podemos adjudicarle esta situación únicamente a los amplios problemas de nuestra economía. Cuando se leen los proyectos de ley en cuestión se da la amarga sensación de que la construcción de edificios, urbanizaciones e infraestructura es símbolo de progreso económico en nuestra sociedad”. “Estoy de acuerdo que las demás agencias agilicen sus procesos, porque muchas de ellas son más que burocracia... pero la arqueología, los recursos históricos y la protección del ambiente requieren más de 90 días y no creo que valga la pena sacrificarlos para poder mejorar nuestro ‘standing’ en unos listados de Business Groups”, añadió Rivera Collazo.

“Antes que eliminar los Consejos de Arqueología, podemos proponer un sinnúmero de medidas que le daría las herramientas necesarias a la Legislatura para que los Consejos Arqueológicos puedan operar con agilidad y bajos costos (…) Estamos todos los expertos en arqueología que requiera la Legislatura o el Ejecutivo para analizar esto con inteligencia; algunos, incluso, estamos dispuestos a brindar, ad honorem, nuestro peritaje para auxiliar a la arqueología y a nuestro patrimonio arqueológico, sin que esto se pelee con los planes de agilización de permisos del gobierno actual”, asunto de coincidencia que expresaron los arqueólogos Miguel Rodríguez (Rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y ex­miembro del Consejo de Arqueología Terrestre) y Pagán Jiménez. “No es posible construir ni crear infraestructura a expensas de nuestro patrimonio arqueológico o natural. De aceptar los proyectos tal y como están confeccionados nos destruiríamos nosotros mismos, a nuestra memoria histórica, en aras de un aparente desarrollo económico”, precisó el doctor Pagán Jiménez.

Los Consejos Arqueológicos fueron creados por ley para que generen políticas públicas efectivas sobre nuestro patrimonio arqueológico de acuerdo nuestras necesidades como sociedad y de acuerdo a las convenciones internacionales de la UNESCO avaladas por los países miembros de la ONU (incluido EE.UU.). Entre sus distintas tareas se encuentran el fomento del estudio científico de ese patrimonio, su protección y su divulgación a toda la sociedad, pero la intención de los proyectos de ley de reestructuración de permisos ha sido promover la falsa idea de que esos Consejos únicamente tramitan permisos.

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Resumen de credenciales de los contactos:

Jaime R. Pagán Jiménez: Doctor en Antropología (arqueología) graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Autor de artículos y capítulos de libro en publicaciones académicas internacionales, y de un libro de paleoetnobotánica de Puerto Rico editado en la Université de Paris 1 (La Sorbona). Ganador de la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso, 2005, máxima distinción en el área de antropología que otorga la UNAM a la investigación doctoral más sobresaliente.